El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ha sido un caso que en términos de litigación estratégica ha carecido de Alta Dirección, desde el inicio en el 2014 y hasta el día de hoy, pasados ya ocho años.
Solo para ayuda de memoria, el asunto se investigó en su parte inicial por el Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, pasados un poco más de 10 días fue que se atrajo la ingestión por parte de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Delincuencia Organizada (SEIDO), pasados algunos meses fue que se dio paso a la creación de la fiscalía del caso de Ayotzinapa adscrita a la entonces Subprocuraduría de Derechos Humanos de la entonces PGR, en términos generales, en cada administración había habido un fiscal al frente con experiencia ministerial previa, excepto el último que renuncio hace unos días.
En términos institucionales, todos conocemos la versión del lamentable capítulo del “ya me cansé y verdad histórica” en lo particular y por respeto a las víctimas y sus familias, no la reproduciré. Y el cuestionamiento al Gobierno de México de aquella época, generó la necesidad de tener un acompañamiento para conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Para el 2015, el Gobierno de México contrató los servicios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual fue avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobra decir, que sus honorarios han sido excesivos ya que son los únicos expertos que ganan más que el actual presidente, pues sus participaciones de honorarios son en varios cientos de miles de dólares.
Pero lo complicado del caso Ayotzinapa, es que el último fiscal, previamente había ocupado la posición de secretario técnico del GIEI y tras 4 años de su actuación la cual en lo particular considero, fue siempre con conflicto de interés, el resultado es que no tengamos respuestas a preguntas básicas, bajo el supuesto de no creer la versión de “la verdad histórica”.
De forma y fondo, más allá de la falta de transparencia después de que el expediente fue publicado en una versión integral en términos de la ley de acceso a la información, lo cual hizo acertadamente la exprocuradora Areli Gómez González.
Los Abarca están detenidos por delincuencia organizada y no por desaparición forzada y/o secuestro agravado y/o privación ilegal de la libertad, tampoco están ni recluidos y menos procesados o sentenciados ni los funcionarios del entonces gobierno del Estado de Guerrero, ni los capos de Guerreros Unidos, ni de su contra que eran los Ardillos, varios de los mandos de las policías de Iguala y Cocula, ya salieron en libertad.
En fin, la conclusión es que después de ocho años de lo ocurrido, no hay claridad, excepto que todo inició mal y sigue peor, ya que el paso del tiempo implica perder información y cada vez la investigación es menos jurídica y más política.
Nota al pie de página:
El 2 de octubre no se olvida y el ejercicio que la Jefa de Gobierno de la CDMX realizó, estableciendo el memorial de crímenes del pasado en la plaza Tlaxcoaque, es muestra de congruencia, en buscar mantener viva la memoria histórica.
