En medio de una ola de críticas y manifestaciones en contra de su contra, la Ley SB 1718 entró en vigor este día en Florida, un estado altamente dependiente de la mano de obra de indocumentados. Muestra de ellos es que de los más de 770 mil inmigrantes que hay, alrededor de 400 mil son el principal motor en sectores como construcción, agricultura y hostelería.
A pesar de ello, el gobernador Ron DeSantis, quien intensificó su discurso antiinmigrante al hacer públicas sus aspiraciones presidenciales, impulsó esta legislación que hoy ha entrado en vigor. Y que también ha sido cuestionada por ser confusa e ir en contra de la legislación a nivel federal.
La Coalición de Inmigrantes del estado ha sido una de las organizaciones que más ha cuestionado dicha legislación, la cual fue presentada en el Congreso local en marzo pasado y aprobada el 10 de mayo. Los líderes de esta agrupación aseguran que se trata de una ley que “hace la vida más difícil para los indocumentados”.
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A pesar de los calificativos de “discriminatoria y peligrosa” que ha recibido, la Ley SB 1718 es ya una realidad en Florida y, con ello, sus efectos empezarán a aplicarse sobre quienes no cuentan con papeles que los acrediten como legales. A continuación, te dejamos cuáles son los principales lineamientos de esta legislación.
Empresas
Las compañías con más de 25 empelados están obligadas a revisar el estatus migratorio de su personal. Para ello, deberán valerse de E-Verify, un sistema diseñado para tal propósito, el cual ha sido cuestionado por su deficiente funcionamiento.
Aquellas empresas que cuenten con inmigrantes sin papeles en su plantilla serán sancionadas.
Transporte
Viajar en automóvil con un indocumentado es considerado delito grave de tercer grado y puede castigarse con hasta 15 años de prisión; la condena sube si el inmigrante es menor de edad.
Esto tiene la finalidad de inhibir el tráfico de personas y contempla que los extranjeros detenidos sean puestos a disposición de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Además, las autoridades de Florida desconocen ya las licencias de manejo emitidas por otros estados para personas sin estatus migratorio legal. Por lo que, si alguien en esta condición ingresa al estado y es detectado será acreedor a una multa.
Salud
Los hospitales con Medicaid (seguro de salud pública) están obligados a incluir en sus formularios de acceso el requisito de “estatus migratorio”.
Esta norma, incluida en la Sección 5 del artículo 395.3027, no implica que se niegue la atención médica, incluso, el paciente tiene el derecho de negarse a responder dicho rubro.
La ley refiere que este requerimiento es para tener la estadística (cada hospital debe entregar un reporte trimestral) de cómo es que se emplea el presupuesto destinado a la atención médica según el estatus migratorio de los solicitantes; y acota que los datos obtenidos no se deberán entregar a las autoridades migratorias. Aunque las organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes acusan posibles abusos de autoridad.
Ley SB 1718 provoca éxodo
Desde hace unas semanas miles de indocumentados han empezado a salir de Florida ante la inminente entrada en vigor de esta legislación.
La Fundación 15 de septiembre reveló que el 35% de los indocumentados originarios de Honduras han migrado a estados como Carolina del Norte y Georgia para evitar padecer los estragos de la Ley SB 1718.
“Me han despedido por no tener un permiso de trabajo y más que todo por la ley que va a entrar en vigencia ahorita el día primero”, declaró Edwin Franco, hondureño de 42 años de edad, en entrevista concedida a EFE.
Así como este hay miles de casos de otros indocumentados de diversas nacionalidades que desde que se presentó la ley en el Congreso sufren por la política migratoria de DeSantis, político republicano reelecto en Florida que ahora apunta a la Casa Blanca.
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