Casi cuatro años después de que Emilio Lozoya Austin fue vinculado a proceso, este lunes un juez federal dictó el auto de apertura a juicio en contra del exdirector de Pemex por el caso de Odebrecht; formalmente la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez una condena de 46 años de prisión.
En la continuación de la audiencia intermedia que hoy se prolongó por poco más de siete horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López anticipó que aunque cuenta con un plazo de cinco días para notificar al tribunal de enjuiciamiento para fijar fecha de audiencia del inicio del juicio, la defensa del exfuncionario promovió una demanda de amparo.
En palabras del abogado Miguel Ontiveros, quien encabeza la defensa de Lozoya, el amparo busca además de la suspensión de la apertura de juicio, también se interpuso en contra de que las personalidades jurídicas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex sean consideradas como víctimas en el proceso.
“Queremos claridad de a cuál institución se debe hacer el depósito por la reparación del daño”, refirió el abogado al juez al reiterar que las negociaciones para obtener un criterio de oportunidad de oportunidad y garantizar la reparación del daño se mantenían vigentes, pese a la negativa de la FGR y los representantes jurídicos de Pemex y la UIF.
Juez tira impugnaciones de FGR
En el debate de exclusión de medios de prueba, la defensa de Lozoya logró mantener en su totalidad las 28 pruebas que la FGR pretendía excluir al considerarlas como “impertinentes” o “sobreabundantes” en general.
Sin embargo, el argumento central del juez Alarcón López para desestimar las exclusiones de los fiscales se enfocó en señalar que criterios para solicitar su exclusión se basaba en interpretaciones en el anterior sistema inquisitorio, además de señalar que sus contradicciones terminaban por beneficiar la teoría del caso, pero de la defensa.
Con un Emilio Lozoya notablemente más involucrado en el debate y con más intervenciones y en constante comunicación con sus abogados, los ademanes de sorpresa e incluso sonrisas evidenciaron la confianza del exdirector de Pemex cuando la FGR sostuvo que el contrato de “Tula 1”, origen de la acusación en su contra por el caso Odebrecht, era totalmente “legal”.
Lo anterior luego de que el fiscal Manuel Granados señaló ante el juez que dicho contrato per se, que fue adjudicado de manera directa por Pemex a Odebrecht para la refinería Miguel Hidalgo, y que habría servido para obtener los sobornos para aprobar la reforma energética no eran “hechos controvertidos” por la Fiscalía, pues el documento era “legal”.
A lo cual el exfuncionario se mostró sorprendido e incluso reconoció “sigo perplejo”, pues aseguró que era la primera vez que escuchaba de la Fiscalía que ese contrato de “Tula 1” era legal, por lo pidió mantener como medios de prueba los testimonios de testigos que han declarado que Lozoya no tuvo ningún tipo de intervención en dicho contrato.
A petición de la defensa, el juez de control determinó excluir en su totalidad 21 de sus medios de prueba, varios de ellos considerados clave para sostener la acusación en contra de Lozoya; una docena más fueron admitidos o excluidos de manera parcial como fueron algunas redes de vínculos, mientras que cinco, entre ellos varios dictámenes en materia informática fueron admitidos en su totalidad.
Considerando las exclusiones y admisiones del viernes pasado, la FGR terminó por ‘perder’ 28 de las 38 pruebas que impugnó la defensa. La mayoría de las exclusiones se derivaron del argumento de posibles violaciones al secreto bancario y los derechos humanos del exfuncionario por haber obtenido información sobre operaciones bancarias y patrimoniales sin el debido control judicial.
Por esa razón, el fiscal Granados anunció que la FGR recurrirá a recursos de apelación a fin de solicitar la asistencia jurídica internacional de las autoridades tanto de Suiza como de Brasil a fin de “evitar reposiciones innecesarias”, por lo que pidió que la declaratoria del auto de apertura de juicio se ampliará por al menos seis meses a fin de recabar las pruebas de trasferencias que comprueben el nexo entre Lozoya y Odebrecht.
Al cierre de la audiencia en la que la FGR formalizó las respectivas condenas que solicita en contra de Emilio Lozoya, así como de su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, con penas de 46 años y de poco más de 21 años respectivamente por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, la mamá del exfuncionario reiteró un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde el arresto domiciliario en el que se encuentra la señora Gilda Margarita, quien compareció por videoconferencia, refirió que en sus ‘mañaneras’ el presidente ha declarado que Lozoya ha sido “valiente” por atreverse a denunciar los casos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero lamentó que a la fecha, y después de una cancelación inexplicable de abril de 2022, no se ha podido concretar el criterio de oportunidad.
Convocando a los “valores morales y cristianos” del presidente, la madre de Lozoya cuestionó al mandatario al señalar que si el titular de la UIF, Pablo Gómez ha referido de pruebas de corrupción en contra del expresidente Peña Nieto no se ha procedido y sólo se ha “perseguido a inocentes”.
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