La fiscalía española archivó su investigación sobre la muerte de al menos 23 migrantes africanos a finales de junio que intentaban entrar en el enclave de Melilla desde Marruecos, rebajando la presión sobre el ministro del Interior del gobierno progresista, cuestionado desde hace meses.
“La Fiscalía archiva las diligencias” sobre este drama que provocó la indignación internacional, al “no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes” de las fuerzas de seguridad españolas, anunció este viernes el Ministerio Público en un comunicado.
“No puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente”, agrega la nota.
Alineándose con la posición que defiende desde hace meses el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la fiscalía describe una actuación de los migrantes “en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles”.
“Ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida” en la valla que separa el enclave de Marruecos “y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio”, asegura el Ministerio Público.
El Ministerio Público indica, sin embargo, que ha trasladado elementos a los responsables de las fuerzas de seguridad para eventuales sanciones disciplinarias contra los agentes que habrían lanzando piedras a los migrantes.
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Controversia
“El archivo de las diligencias (...) da oxígeno al ministro Fernando Grande-Marlaska”, cuya dimisión pedía tanto la oposición como algunos partidos que apoyan al gobierno del socialista Pedro Sánchez, estima el diario español El País.
Pero esta decisión de la fiscalía ha levantado también recelos sobre su independencia.
"¿Ha sido todo una simulación para decir que ya lo han investigado?”, lanzó en Twitter Jon Inarritu, diputado de Bildu, formación de la izquierda separatista vasca que apoya al ejecutivo en el Parlamento.
"¿No quieren incomodar a Marruecos?”, con quien Madrid revitalizó sus relaciones tras una grave crisis diplomática, agregó.
Ismael Cortés, diputado de Podemos, partido de izquierda radical aliado de los socialistas en el gobierno, juzgó que el archivo de la investigación era una “oportunidad perdida” para esclarecer “bajo qué circunstancias y responsabilidades se produjo la mayor tragedia de la historia en una frontera española”.
“Matanza masiva”
El 24 de junio, unos 2.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Sudán -un país muy pobre y minado por los conflictos-, intentaron entrar en Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el norte de Marruecos.
El balance de 23 muertos, según Rabat, es el mayor jamás registrado durante cualquier tentativa de entrada de migrantes en Melilla o el otro enclave español, Ceuta, que son las dos únicas fronteras de la Unión Europea con el continente africano.
Este drama desató una ola de indignación internacional y la ONU denunció el “uso excesivo y letal de la fuerza” por parte de las autoridades marroquíes y españolas.
Amnistía Internacional calificó, de su lado, la tragedia de “matanza masiva” y acusó a Rabat y Madrid de tratar de esconder la verdad de los hechos.
“Algunas acciones de los agentes españoles y marroquíes (...) pueden constituir violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos”, expuso la ONG a mediados de diciembre.
Entre esas acciones estarían “golpear a personas que ya estaban inmovilizadas (...), negar asistencia médica de emergencia a las personas heridas (y) el uso reiterado de gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar”, detalló.
Tanto Amnistía, como expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elevaron el balance a al menos 37 fallecidos.
Dos investigaciones publicadas en noviembre por la BBC y el consorcio europeo Lighthouse Reports, en las que participaron el diario español El País o el francés Le Monde, denunciaron igualmente la brutalidad de las fuerzas marroquíes y cuestionaron la acción de las españolas.
Ambas concluyeron que hubo al menos un migrante muerto en territorio español, algo negado tajantemente por el ministro español del Interior.
El Defensor del Pueblo español, que investiga igualmente los hechos, consideró de su lado que las explicaciones del ministro no habían sido suficientes hasta ahora. Estimó igualmente que, el día del drama, España no había respetado las “garantías legales” de las que deberían disfrutar los migrantes.
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