En Nayarit, una red operada por la Fiscalía de la entidad cometió al menos 47 desapariciones forzadas entre junio y septiembre de 2017, aseguraron en un informe las organizaciones IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
En el periodo en el que ocurrieron las desapariciones documentadas por las organizaciones, Nayarit fue gobernada por Roberto Sandoval –actualmente acusado en México por delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicio indebido de funciones, y señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado— y el titular de la fiscalía del estado era Édgar Veytia, quien cumple en Estados Unidos una condena de 20 años de cárcel por narcotráfico.
Las organizaciones señalaron que la estructura criminal al interior de la Fiscalía se “vendió” a cárteles como el Beltrán Leyva, los Zetas —entonces brazo armado del Cártel del Golfo— y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), “en algunos momentos trabajando con más de un cártel a la vez”, sostiene el documento.
De acuerdo con el informe, el grupo criminal que operaba en el seno del gobierno nayarita controlaba todas las fuerzas de policía porque había un mando único y, usando los recursos de la entidad, cometió al menos 47 desapariciones forzadas, principalmente en los municipios de Tepic, Santiago Ixcuintla y San Blas, pero también habrían cometido homicidio, tortura, robo de propiedad y extorsión a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero.
Las desapariciones en el estado arreciaron luego de la detención de Veytia, el 27 de marzo de 2017, y de la pérdida de las elecciones del exgobernador Roberto Sandoval en junio 2017, informaron FIDH e IDHEAS.
Además, entre junio de 2017 y mayo de 2020, se hallaron al menos 30 fosas clandestinas en distintas municipalidades de Nayarit, con al menos 140 cuerpos.
Pese a que el mandato de Sandoval concluyó y que el exfiscal está encarcelado, personas ligadas a la estructura criminal siguen presentes dentro del gobierno, así lo confirmó en enero de 2018 el Secretario de Seguridad Pública de Nayarit que declaró “no podemos negar que todavía tenemos personas infiltradas”.
Tras el hallazgo de la estructura criminal afianzada en la administración de Sandoval y presuntamente ligada a cárteles, las organizaciones presentaron una denuncia por estos hechos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“Instamos al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a que considere iniciar una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en México”, apuntaron IDHEAS y FIDH.
