La respuesta que el gobierno mexicano presentó a la Corte federal de Massachusetts para no desestimar la demanda civil en contra de una docena de fabricantes de armas estadounidenses fue respaldada por organizaciones, autoridades y otras naciones que entregaron documentos bajo la figura de “amigos de la corte” para sostener que este litigio debe proseguir.
Uno de los documentos de apoyo que se entregaron ayer fue elaborado por un grupo de víctimas, académicos y defensores de derechos humanos en México, quienes redactaron un escrito que da una visión integral del impacto que tienen las armas ilegales en el país.
La primera parte de este escrito incluye los relatos de sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia armada en México como Adrián Lebarón, mientras que las otras secciones integran reportes sobre desapariciones forzadas que han elaborado el Centro Prodh o el de Estudios Ecuménicos, así como hallazgos académicos de expertos en esta materia.
Entre los documentos que se entregaron bajo esta figura se encuentra el de los 14 procuradores de Estados Unidos que señalan como la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA) no ofrece inmunidad a los fabricantes de armas por violaciones relativas a publicidad engañosa o daños fuera del territorio nacional.
Los procuradores también explicaron que “incluso si esta ley pudiera aplicarse de forma extraterritorial, este estatuto no sería impedimento para dar paso a los reclamos de México”, por lo que se debe dar paso a que el asunto se discuta en la corte de Massachusetts.
A este apoyo se sumó el de otro documento firmado por 27 fiscales de Estados Unidos, en el que se argumenta que “la venta de armas descontrolada tiene impacto directo en la seguridad de sus condados” y agregaron que “los productos de estas empresas protegen y facilitan el tráfico de drogas lo que causa un daño agudo a sus comunidades”.
Otro documento de apoyo a la demanda fue entregado por 16 profesores de derecho de centros como la Escuela de Derecho de Columbia o la Universidad de Pensilvania, quienes argumentan que PLCAA no ofrece inmunidad fuera de Estados Unidos.
