El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, Ricardo Sáenz, emitió hoy un dictamen en el que apunta que su colega Alberto Nisman, fue víctima de homicidio y requirió que la investigación del caso quede a cargo de la justicia federal.
Ricardo Sáenz, es el primer funcionario judicial que puso por escrito y de forma oficial una opinión concreta sobre lo que le ocurrió a Nisman, hallado muerto hace más de un año en su departamento de Buenos Aires con un tiro en la cabeza.
El investigador del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina fue encontrado sin vida el 18 de enero de 2015 varias horas antes de presentarse ante el Congreso para fundamentar la denuncia que había presentado cuatro días antes contra la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el supuesto encubrimiento de exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes imputados por ese ataque.
La investigación de la muerte de Nisman, que convulsionó el escenario político argentino, está a cargo de la jueza en lo criminal Fabiana Palmaghini, quien consideró días atrás que no hay pruebas suficientes para determinar que el fiscal fue asesinado, al rechazar un pedido de sus familiares de que la causa sea trasladada al fuero federal.
La familia de Nisman apeló esa decisión, lo que dio paso al dictamen de Sáenz. El pedido del fiscal deberá ser definido en los próximos días por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
En su escrito, Sáenz señaló que coincide con los familiares querellantes en la importancia del “contexto histórico en el que se inscribe la muerte de Nisman, circunstancia de vital importancia para decidir sobre la competencia federal”.
“Se señala que Nisman era el encargado de la investigación del mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país, que aparece muerto cuatro días después de haber formulado una gravísima denuncia por encubrimiento de ese atentado”, dijo Sáenz.
Sostuvo además que hay pruebas suficientes de que Nisman había recibido amenazas de muerte previas -investigadas a su vez en el fuero federal-, que fue sometido con sendos golpes antes de ser asesinado de un disparo en el cuarto de baño de su departamento, que su cadáver “fue movido alterándose así la escena del crimen” y que tanto su computadora como su teléfono móvil fueron manipulados para borrar datos y llamadas que recibió horas antes de su muerte.
Sáenz también apuntó contra el informático Diego Lagomarsino, un ex colaborador de Nisman imputado por haber facilitado al fiscal la pistola calibre 22 con la que se efectuó el disparo que lo mató y quien ha alegado que el investigador se la pidió porque temía por su vida y la de sus dos hijas.
“La utilización de un arma amiga como arma asesina es la mejor forma de montar posteriormente una escena alterada de suicidio para garantizar la impunidad de los homicidas”, afirmó Sáenz.
Los allegados de Nisman, como su ex mujer y jueza federal Sandra Arroyo Salgado, consideran que su muerte fue un “magnicidio” en represalia a las denuncias realizadas por su ex marido y que debe ser investigado por la justicia federal por gozar de competencias más amplias.
Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas de Nisman, manifestó su satisfacción por el dictamen de Sáenz en declaraciones al canal Todo Noticias. “Es algo que la querella viene planteando desde hace mucho tiempo, prácticamente hasta ahora en soledad, (porque) no había habido ninguna resolución o dictamen judicial que nos acompañara”, apuntó.
El letrado destacó que se ha demostrado científicamente que “en las manos del fiscal Nisman no había residuos de disparos” mientras que “en el arma que se secuestra en el baño... se hicieron tres pruebas y en las tres oportunidades dejó huella”.
Sáenz es uno de los fiscales que ha expresado públicamente su apoyo al difunto fiscal en marchas organizadas en su homenaje en la capital argentina.
La denuncia que Nisman hizo contra la presidenta Fernández fue desestimada en 2015 por varias instancias judiciales. La exmandataria siempre negó las acusaciones del fiscal y señaló que detrás de las mismas y de su muerte estuvieron ex miembros de los servicios secretos de Argentina.
vía AP
