Fiscal de Venezuela se negó a comparecer ante la Corte

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer este martes ante la máxima corte de justicia y está a las puertas de su destitución. “No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada”, anunció Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, acompañada de fiscales y otros colaboradores. En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- celebró una audiencia de casi tres horas y se acogió a un lapso de cinco días para determinar si cometió “faltas graves” para su remoción. “No he cometido delitos ni faltas y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo”, sentenció Ortega, quien aseguró que buscan callarla para que no siga diciendo “verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional”. Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de “mentir” cuando afirma que no avaló la elección de 33 magistrados en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista. “Ella le vendió el alma al diablo (...). Tuvo precio, le pasó como traidora lo mismo que a Judas, que lo compraron por 30 monedas de plata”, dijo Carreño, acuerpado en la sesión por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y el contralor Manuel Galindo, ambos chavistas. Carreño pidió al TSJ evaluar la salud “mental” de Ortega y la semana pasada logró que la corte le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes. Apoyada por chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, responsabilizándolo de romper el “orden constitucional” por fallos del TSJ que socavaron al Parlamento, hoy bajo control opositor.

TSJ designó como vicefiscal a Katherine Haringhton

Poco antes de la audiencia, el TSJ designó como vicefiscal a la abogada chavista Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos por acusaciones de violar derechos humanos. Sustituiría a Ortega si fuese destituida. “Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción. Si el TSJ decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia”, aseguró Ortega. La arremetida en su contra caldeó aún más la crisis política del país, sumido en el colapso económico y en una ola de protestas que deja 91 muertos en tres meses. Un manifestante de 25 años falleció este martes en Táriba (estado Táchira, oeste), en bloqueos de calles realizados en todo el país que, nuevamente, derivaron en disturbios. La oposición, sin ceder, reiteró su apoyo a Ortega y tildó de “usurpadora” a la vicefiscal. “En cualquier país donde existiese siquiera un atisbo de justicia, en vez de (ser) vicefiscal estaría presa por hampona”, señaló el diputado opositor Henry Ramos Allup. Ortega recibió también respaldo desde el exterior. La Asociación Internacional de Fiscales condenó el procedimiento judicial abierto, que tildó de “arbitrario”. Una destitución de la fiscal “radicalizará la crisis” y hará más evidente “el uso político del TSJ y la fractura del bloque de poder”, dijo a AFP el jurista José Ignacio Hernández. Solo el Parlamento tiene facultad para removerla, pero sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016. (Foto: Juan Barreto / AFP)