Las revelaciones de los correos filtrados por el grupo de hacker Guacamaya dejan al descubierto la selectividad con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) opera contra la violencia.
Un ejemplo fue el incidente ocurrido entre la noche y madrugada del 19 de junio de 2020, cuando dos grupos del crimen organizados se enfrentaron en Caborca, Sonora, dejando a los habitantes a su suerte.
Según la información mostrada por El Universal, la luz del sol mostró a los vecinos de esa localidad el tamaño de la batalla librada entre criminales: vehículos, tráileres, casas y una gasolinería incendiada; así como nueve cuerpos de hombres semidesnudos, apilados unos sobre otros a las afueras de la ciudad.
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Aunque el incidente es lamentablemente común desde hace dos sexenios y pareciera que no se pudo prevenirse, la información señala que la Sedena fue advertida cinco días antes por un reporte de inteligencia.
“Por inteligencia técnica se conoció que líder del Cártel del Pacífico en la región de Altar, vertiente de Los Chapitos, ordenó la quema de gasolinerías, ranchos y taxis en Caborca y Pitiquito”, se lee en un informe de inteligencia del 14 de junio de 2020.
“Coordina la quema de gasolinerías con la intención de dejar el municipio sin combustible y dificultar la intervención de las fuerzas de seguridad. Instruyó quemar el cerro y ranchos para replegar a sus antagónicos. Quemarán taxis locales para generar temor entre la población”, continúa.
Reportes sin atender
Los documentos revisados señalan que entre mayo y noviembre de 2020, la Sedena fue alertada con 24 reportes de los enfrentamientos que sostenían cuatro células del Cártel de Sinaloa.
Por un lado, Los Salazar y Los Cazadores, los cuales están vinculados al grupo de “Los Chapitos”; también Los Gigios, grupo cercano al líder del cártel El Mayo, y Los Páez, grupo al amparo de Rafael Caro Quintero.
Las piezas de información, todos los cuales muestran de fondo la palabra “Confidencial”, señalaban que los grupos peleaban el territorio ubicado en el desierto de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos.
El lugar es estratégico para el trasiego de drogas hacia el país del norte y de armas como reflujo del intercambio criminal con nuestro país.
Las batallas se libraban en los municipios de Caborca, Pitiquito, General Plutarco Elías Calles, Ures, Santa Ana y Magdalena de Kino; sin embargo, el conflicto más intenso se libraba en la región del desierto de Altar, Sonora.
Cuerpos de seguridad corrompidos
Los documentos también revelan que los cuerpos de seguridad, como elementos de la misma Sedena y policías locales, operaban en favor de los grupos criminales. Se detallan operativos y detenciones a favor de uno de los grupos.
“El grupo se caracteriza por su alta capacidad de corrupción, por lo cual recibe protección de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes además de brindarles protección e informar de los operativos implementados en su zona de operación, también participan en la detención de sus antagónicos, inclusive en acciones violentas contra los mismos”, se lee en un reporte del 12 de agosto de 2020.
Asimismo, se indica que “su amplia red de corrupción fortalece su capacidad de fuego y le brinda ventaja ante sus antagónicos para expandir su zona de operación”.
Incluso, se describen los pagos realizados a policías locales, Guardia Nacional y mandos militares por su ayuda:
“Llegó a un acuerdo con policías sobre el monto de la cuota semanal: policía municipal de 20 mil pesos, 25 mil pesos a policías estatales y 30 mil pesos a ‘cajoneros’ (corporación sin identificar); asimismo, proporcionarán 40 mil pesos quincenales a la Guardia Nacional”.
Una de las informaciones más graves es que se filtran las estrategias de seguridad a seguir por la Seden, por lo que se habla de sugerir “no compartir información con autoridades locales, ya que la organización cuenta con una amplia red de corrupción que le informa sobre las acciones de las fuerzas de seguridad”, dice un reporte del 4 de junio de 2020. DJ
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