Catorce balazos recibieron cinco civiles presuntamente ejecutados extrajudicialmente por militares en Nuevo Laredo; aunque el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) respalda la versión del teniente José Luis “N”, la cual hace hincapié en que sus muertes se debieron a un “fuego cruzado”.
Según el informe de la FGR sobre el caso –al cual tuvo acceso el diario El País–; las heridas de los cinco civiles muertos la tarde del 18 de mayo en Nuevo Laredo son “consecuentes” con la declaración del teniente a cargo del operativo en que participaron 16 militares.
Vale la pena recordar que el teniente José Luis “N” informó que tras una persecución a presuntos criminales que terminó con el choque de la camioneta en que viajaban; sus compañeros intentaron rescatarlos y dispararon contra el personal militar, dando como resultado la muerte de cinco civiles.
Sin embargo, en un video de una cámara de seguridad se aprecia cómo los militares bajan de la camioneta a los civiles, los desarman y someten; luego disparan hacia una zona donde la cámara no logra captar a nadie.
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Esa tarde de mayo, cuatro civiles perdieron la vida a consecuencia de catorce balazos, uno más murió por las heridas que le provocó el choque de la camioneta en que viajaban, según las necropsias realizadas por la FGR.
Las heridas de bala, apuntan los análisis forenses, se produjeron desde distintos puntos y ángulos a “larga distancia”. Uno de los muertos, José Antonio Colector Pineda, murió por un impacto de bala en la parte superior del cráneo.
Las necropsias también revelaron la presencia de plomo y bario en dos de los civiles asesinados, lo que indica que armas de fuego fueron disparadas cerca de ellos o por ellos mismos.
A casi dos meses de la presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, continúan las dudas respecto al actuar de los militares y sobre la investigación que abrió la FGR; pues trascendió que la Fiscalía tuvo acceso desde un principio al video, pero no lo incluyó de inmediato en la carpeta.
En tanto, tras la divulgación del video a principios de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado para informar que la Fiscalía General de Justicia Militar abrió una investigación y ordenó la vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de los 16 militares involucrados en el caso.
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