Dentro de los próximos tres días, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas apelará la decisión del juez de Distrito que determinó no vincular a proceso y ordenar la liberación de Irineo Mujica Árzate, director de la organización Pueblo sin Fronteras, quien es señalado por la dependencia del delito de tráfico de migrantes, incluyendo adolescentes y menores de edad.
A unas horas de que quedara en libertad junto con Cristóbal Sánchez Sánchez, ambos identificados por diversas organizaciones como activistas promigrantes, la FGR informó que las pruebas en contra de Mujica Árzate no lo exculpa de los delitos que se le imputa pues son “contundentes” y lo vinculan certeramente en los hechos.
La FGR continuará apoyando a los migrantes hondureños que presentaron la denuncia por tráfico de personas en contra del implicado”, refirió la fiscalía; Mientras que en el caso de Cristóbal Sánchez Sánchez la dependencia puntualizó que seguirá estudiando las pruebas que hay en su contra para proceder de la manera legal más conveniente.
La madrugada de este miércoles ambos activistas fueron liberados tras la determinación del Juez de Distrito, especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, de que en ambos acusados no se encontraban en el lugar de los hechos que se mencionan en la denuncia, por lo que fueron puestos en libertad bajo las reservas de las indagatorias que continuará el Ministerio Público.
Por la tarde, en la página de Facebook de Pueblo sin Fronteras se trasmitió una conferencia de prensa desde Tapachula en la que Irineo e integrantes de su organización agradecieron el apoyo que recibieron de otros organismos que mostraron solidaridad por su caso y el de Cristóbal Sánchez.
“Seguimos profundamente preocupados por la campaña de criminalización contra migrantes y sus defensores en Estados Unidos, México, y Centroamérica”, apuntaron en su publicación.
El 6 de junio, la FGR confirmó la aprehensión de Irineo en Sonora y de Cristóbal Sánchez en la CDMX por su probable participación en la comisión de posibles delitos en materia migratoria. De acuerdo con la denuncia, entre abril y mayo, hondureños interpusieron ante el Ministerio Público Federal acusaciones contra ambos por haberles prometido internarlos ilegalmente en el país para después llevarlos a la frontera con Estados Unidos.EM
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