Dos colaboradores del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Se trata de Alejandro Chávez Carmona, fiscal de la Región Oriente, así como Daniel Solís Hernández, jefe de Ministerios Públicos de la fiscalía estatal.
La madrugada de este jueves se reportó la movilización de agentes ministeriales de la FGR con apoyo de policías estatales. Según el Registro Nacional de Detenciones, el fiscal regional Alejandro Chávez, colaborador cercano del fiscal Carmona, fue detenido alrededor de las 10 de la mañana en su domicilio particular ubicado en la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón en el municipio de Jojutla.
Mientras que en el caso de Daniel Solís la detención se registró cerca del mediodía en su domicilio ubicado en la colonia Tlatepexco de Cuernavaca. Ambos funcionarios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos en materia de delincuencia organizada, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR en la ciudad de México.
Las detenciones, junto la de un policía municipal cuya identidad no fue revelada, fueron confirmadas por la Comisión Estatal de Seguridad Pública que a través de un comunicado informó que los operativos se dieron simultáneamente en ambos municipios, con apoyo de elementos de la Marina. El CES señaló que los tres funcionarios fueron puestos a disposición del ministerio público federal “por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y lo que resulte”.
A finales de octubre pasado, Homero Fuentes Ayala, coordinador general administrativo de la Fiscalía de Morelos y colaborador cercano de Carmona Gándara, también fue detenido por policías estatales y marinos en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por los delitos de ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos por servidores públicos y coalición para cometer delitos.
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