Por posibles delitos fiscales y hasta enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Eduardo Medina Mora, quien desde hoy se convirtió en el primer ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en presentar su renuncia por causas graves.
La Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de información del gobierno de Estados Unidos, identificó una serie de operaciones financieras aparentemente irregulares vinculadas a cuentas de Medina Mora en México, Estados Unidos y Europa.
Aunque desde el 2000 ocupó los más importantes cargos en las áreas de seguridad y justicia del país, las percepciones obtenidas no justificarían esas transferencias que superarían, de acuerdo a los primeros datos, los 100 millones de pesos.
A este monto habría que sumar sus propiedades en México y el extranjero; así como bienes que regaló a su familia.
En los últimos dos meses, confirmaron fuentes de la Corte, Medina Mora perdió el respaldo al interior del máximo órgano de justicia del país de sus compañeros ministros; no sólo porque la información de los traspasos financieros era cada vez más sólida, sino porque no contaba con una carrera judicial.
Las cuentas pendientes
Transferencias millonarias en el extranjero señaladas como “actividad sospechosa” por la Agencia Nacional del Crimen del gobierno británico; así como el haber tenido conocimiento del trasiego de armas de fuego de Estados Unidos para su contrabando en México, son algunas de las polémicas de las que ha sido señalado Eduardo Medina Mora, quien este jueves presentó su dimisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue el 18 de junio pasado, cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo confirmó que al menos 32 transferencias que el exembajador en el gobierno anterior recibió a través de operaciones bancarias entre bancos de México, Estados Unidos y el Reino Unido. Para lo cual, sostuvo, se estaba trabajando de forma conjunta con los gobiernos de ambas naciones a fin de determinar si en dichos movimientos hay irregularidades que ameriten una sanción y “proceder conforme a derecho”, señaló entonces Nieto Castillo.
A la fecha, la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha emitido algún informe o dictamen concluyente sobre el análisis de las transacciones que la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA por sus siglas en inglés) reveló que se hicieron desde México al HSBC Bank de Londres a cuentas vinculadas al aún ministro de la Corte, durante un lapso de dos años y que ascendieron a un monto calculado en más de dos millones 300 mil libras esterlinas.
En consecuencia del reporte de la NCA, parte del cual fue dado a conocer por El Universal, el Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense apuntó que al también exprocurador general de la República (2006-2009) le fueron documentados transferencias por alrededor de dos millones 130 mil dólares que habría recibido a través del mismo banco, pero en Estados Unidos, en el periodo de 2016 y 2018; es decir, cuando Medina Mora se desempeñaba como ministro del máximo tribunal.
La petición para que la UIF indagara si en las transferencias recibidas por Eduardo Medina Mora implican alguna actividad ilícita provino del Senado de la República, pues fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien instó a las autoridades correspondientes, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, para que verificara los datos y aclarar los señalamientos de presuntas irregularidades en las trasferencias bancarias en el extranjero del funcionario.
A manera de réplica, Medina Mora dio a conocer a través de una carta aclaratoria sobre el tema, en la que no desmintió la realización de las transacciones, pero aclaró con base en el desglose de estas que el dinero fue fue enviado desde su cuenta personal en el banco HSBC México, y que el capital no se hizo en moneda extranjera sino nacional, lo cual reducía el monto recibido a siete millones 487 mil pesos.
“En caso de que existan indicios de una actividad ilícita, una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá en consecuencia. La política del Gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción”, advirtió Santiago Nieto, a través de un mensaje en Twitter la noche del 6 de junio.
Trasiego consentido
Como titular de la entonces Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora habría tenido conocimiento del trasiego “controlado” de armas de grueso calibre provenientes de Estados Unidos para su contrabando en territorio mexicano, según documentó el Departamento de Justicia estadounidense, lo cual formó parte de una indagatoria que realizó el Congreso de ese país sobre el operativo Rápido y Furioso entre 2011 y 2012.
De acuerdo con la publicación de la periodista Dolia Estévez, el señalamiento sobre que el entonces procurador Medina Mora sabía de esta “entrega vigilada”, se desprende de una reunión que tuvo con su contraparte en Estados Unidos, Michael Mukasey, fiscal general de Estados Unidos entre 2007 y 2009, la cual se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2007, en Washington.
“El agregado del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) en la ciudad de México ha informado al procurador Medina Mora sobre estos intentos de entregas controladas (de armas de fuego) y le ha subrayado la importancia de que sean asignadas tales unidades con exámenes de confianza verificados”, indica parte del memorando de dicha reunión, mismo que fue anexado al informe del Congreso estadounidense.
Sobre la información dada a conocer en marzo de 2015, cuando Eduardo Medina Mora quien se desempeñaba como embajador de México en Washington, fue propuesto por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para integrarse al Pleno de la SCJN, el exembajador rechazó el que durante su gestión al frente de la PGR se haya realizado la operación Rápido y Furioso, como documentaron las autoridades estadounidenses, por lo que sostuvo que, “no pude haber autorizado, conocido, estar involucrado o siquiera estar enterado de forma alguna de la misma”, dijo a la periodista Carmen Aristegui para contravenir con los señalamientos tanto del Departamento de Justicia como del Congreso de ese país.
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