La Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con la consignación en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés y en caso de que el panista no acuda de manera voluntaria a comparecer ante el juez de control el próximo jueves, la Fiscalía podrá considerarlo como prófugo y solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Luego de haber sido notificado del citatorio para que se presente a los juzgados del Reclusorio Norte, el expresidente nacional del PAN (agosto de 2015-diciembre de 2017) anunció que se autoexiliaría, pero de manera paralela, confirmaron fuentes consultadas, tramitó un amparo con lo que intentará ganar tiempo y retrasar el proceso, debido a que los delitos de los que lo acusa la FGR ameritarían la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Anaya Cortés, al igual que el exsenador panista José Luis Lavalle Maury, actualmente preso, se encuentra involucrado en la red de sobornos millonarios que habrían favorecido a legisladores a fin de aprobar la reforma energética del gobierno anterior.
La red de corrupción fue denunciada ante la Fiscalía por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en el caso particular de Anaya refirió que fue el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien instruyó la entrega de 6 millones 800 mil pesos a Anaya Cortés.
Como una “extorsión constante” calificó Lozoya Austin en su denuncia la conducta de los legisladores panistas, que junto a Anaya Cortés también incluyó a los hoy gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez Servién, los tres señalados de haber condicionado la aprobación de dicha reforma con el pago de 50 millones de pesos, según la denuncia que agosto del año pasado publicó este periódico en el reportaje: “El delator: la denuncia de Lozoya”.
Sin embargo, el hecho de que Anaya Cortés anticipara que no acudirá a la diligencia sería interpretado por la autoridad como desacato y solicitaría al juez que gire la orden de captura en su contra.
En caso de que haya indicios de que el panista salió del país, se solicitaría la emisión de la ficha roja de la Interpol para pedir el apoyo internacional en su localización en otros países.
“El que nada debe nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. Si tiene su conciencia tranquila, incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente (…) Podría presentarse incluso amparado. Yo no me amparé ni aconsejo que un dirigente se ampare, pero que vaya. En fin, que lo defienda su partido”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las acusaciones que Ricardo Anaya quien lo acusó de perseguirlo políticamente.
