El motín en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua que ayer dejó un saldo de 19 personas fallecidas, más de una decena de heridas y la evasión de 25 reos —incluyendo a Ernesto Alfredo Piñón El Neto, uno de los líderes de Los Mexicles, grupo al servicio del cártel de Caborca— se originó pese al despliegue y reforzamiento de seguridad que desde hace cinco meses anunció el gobierno estatal y la Federación.
Por los hechos violentos que además evidenciaron la corrupción institucional y los privilegios de los que gozaba El Neto, el gabinete de seguridad federal señaló las omisiones del gobierno de Chihuahua en solicitar el traslado de reos de alta peligrosidad o “cuando hay excesos o que sobrepasan la población”, como refirió el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Defensa Nacional.
“Es un penal estatal en donde la responsabilidad sobre lo que sucede, en el interior, todas las medidas de seguridad, el despliegue que se tiene en la parte interna es responsabilidad del estado, ellos son los que establecen las condiciones en cuanto a seguridad deba de tener este penal (…) Ellos (el gobierno estatal) son los que prácticamente solicitan el movimiento de reos y, bueno, no se tiene esa petición”, señaló hoy el secretario.
Pese a que desde el año pasado se anunció un “operativo especial” entre el gobierno estatal y el federal para reforzar la seguridad en Juárez —luego de los hechos violentos que el 11 de agosto protagonizaron integrantes de Los Mexicles en esa ciudad fronteriza— ni el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército fue suficiente para evitar la operación de los comandos que con lujo de violencia lograron la fuga de Alfredo Piñón y otros 24 internos.
Revuelta. La mañana del 1 de enero un grupo armado provocó una revuelta en el Cereso 3 de Ciudad Juárez en la que ocurrió la evasión de 25 reos.
En respuesta, el fiscal general de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, aseguró que el gobierno del estado se mantenía “en proceso” de pedir el traslado a penales federales de 180 internos, incluyendo a El Neto, quien se amparó “frecuentemente” para evitar su traslado. A fin de evitar fugas de información sobre las identidades de los internos, el fiscal estatal aseguró que se encontraban en la “habitual llamada telefónica” para conocer sobre los espacios disponibles.
En conferencia de prensa, el fiscal de la entidad se comprometió a que en un plazo de tres meses se encargaría de “limpiar” cada módulo y centro estatal y acabar con los privilegios en las prisiones del estado.
Así, refirió que estos son “temas delicados” que habían heredado de administraciones anteriores, que no se podían resolver de la noche a la mañana.
