Para abril de este año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) prevé contar con ministerios públicos capacitados en investigación científica y la persecución delictiva desde una perspectiva de libertad de expresión; y un manual de litigación que oriente la actuación de los MP en los juicios orales. Así se comprometió a hacerlo Ricardo Sánchez del Pozo, titular de la Fiscalía, en el marco de la primera Sesión de Trabajo de organizaciones del gremio periodístico, convocada por la Fundación Fernando Mora Gómez. Para contar con el personal certificado en el próximo trimestre, dijo, se cuenta con la colaboración del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Fiscalía General de la República, y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Como parte del nuevo sistema de justicia penal, el fiscal especial reconoció que se debe contar con una parte del litigio oral con Ministerios Públicos certificados y adscritos, así como la participación de organizaciones especializadas, para lo cual se cuenta con la certificación de la mano del Instituto Nacional de Ciencias Penales, abundó. Sánchez del Pozo informó que el año pasado la fiscalía a su cargo obtuvo seis sentencias respecto a delitos cometidos contra la libertad de expresión en el país, lo cual significó un aumento del 150% en comparación con las registradas en los últimos cinco años (2012-2017) cuando sólo hubo cuatro veredictos. En cuanto a audiencias, en 2018 se aperturaron 93 carpetas de investigación, en contraste a las 19 abiertas en 2017; y en cuanto a órdenes de aprehensión del año pasado en comparación con el inmediato anterior se presentaron 31 averiguaciones previas y carpetas de Investigación poco más de las 29 que se registraron en el año anterior. El titular de la FEADLE destacó que, en cuanto a los ejercicios de la acción penal, en 2018 se registraron 36 averiguaciones previas y carpetas de Investigación a diferencia de las 19 del año anterior a ese. Sobre el seguimiento de los homicidios de periodistas a causa de su actividad, el fiscal informó que de 2010 al 2018 se tienen 31 en trámite, de los 14 restantes: dos se determinaron por no ejercicio de la acción penal, uno por Reserva, siete por acumulación y en cuatro se ejerció la acción penal. Finalmente dijo que respecto a las denuncias de delitos contra la libertad de expresión 2017 y 2018, en el primer año se recibieron 135 denuncias y para 2018 se tienen 86; lo que significa una reducción del 36.3% en ese periodo. Ante directivos de la Fundación Mora Gómez, la Academia Nacional de comunicadores y Periodistas, el Club Primera Plana, la Federación de Asociaciones de Periodistas, la Asociación Nacional de Locutores de México y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Ricardo Sánchez se comprometió a realizar reuniones trimestrales, a fin de que los periodistas tengan tener de primera mano la información sobre los avances en los procesos que se llevan en la Fiscalía General de la República.
2013, el más peligro en nueve años
En 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto fue donde más indagatorias se abrieron en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, desde 2010, año de creación de la dependencia, a la fecha. De acuerdo con el anexo histórico de la FEADLE, en ese año se abrieron 181 investigaciones, los años que le siguieron con más cantidad de denuncias fueron el 2014 con 173 averiguaciones, 2015 con 139, y 2017 con 135; en cuanto al año pasado se tuvo un cierre de 86 pesquisas. En total, del 5 de julio de 2011, cuando entra en operaciones la fiscalía, al cierre de 2018 se tiene un total de mil 140 expedientes, de los cuales se desprenden mil 373 víctimas. En cuanto a la proporción de víctimas por perspectiva de género, los datos de la fiscalía indican que 269 fueron son mujeres que representan el 25.3 por ciento; y 42 indagatorias tuvieron que ver con medios de comunicación. De los más de mil expedientes iniciados, refieren las estadísticas oficiales, sólo 244 expedientes corresponden a investigaciones que tiene a mujeres involucradas como víctimas directas; de estas, en 45 casos las víctimas directas son hombres y mujeres; lo que arroja que en 199 asuntos las mujeres resultaron las víctimas directas. De los 244 expedientes que involucra a mujeres, actualmente sólo 55 investigaciones se encuentran en trámite; y de estas, en 11 casos son hombres y mujeres; quedando solamente 44 expedientes en trámite donde las víctimas directas son exclusivamente mujeres, estos representan el 19.1% del total de expedientes en trámite, que es de 230 casos a diciembre de 2018.
