La diferencia entre la teoría y la realidad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció que “más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza” y en 2019 lanzó el programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” para ayudar a esa población. Sin embargo, una auditoría detectó un sin número de anomalías en los más de 837 mil beneficiados que recibieron 7 mil 927 millones de pesos. La mayor irregularidad, dinero a población no objetivo.
“Para 2019, la secretaría reportó que entregó 7,926,968,200 pesos de subsidios a 837,427 beneficiarios; no obstante, la dependencia no estableció procedimientos, mecanismos de control, ni sistemas que aseguraran la entrega de los apoyos a los beneficiarios, ni sustentó que se realizó de forma directa, sin intermediarios, con los montos y en la periodicidad prevista en los lineamientos de operación”, informó hoy sábado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
No se acreditó que, en la incorporación de los 837,427 beneficiarios, consideró el criterio de priorizar a las personas que habitaron en los municipios indígenas, en los que presentaron alto o muy alto grado de marginación, y en los de alto nivel delictivo”, informó el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados, la ASF, a la Secretaría de Bienestar.
En el análisis de la cuenta pública 2019, la ASF reveló que Bienestar no estableció mecanismos de control para garantizar que las personas beneficiadas cumplieron el criterio general y los requisitos de acceso. Además de que no sustentó la incorporación de los 837,427 beneficiarios con el criterio de elegibilidad relativo a atender primero a niños y jóvenes de cero a 29 años, después a indígenas de 30 a 64 años y, posteriormente, a los adultos de entre 30 a 67 años.
La auditoría detectó que beneficiados “superaron los 67 años de edad establecidos en los lineamientos de operación 2019, y no acreditó que dicho padrón se actualizara permanentemente”.
Además, derivado que ejerció los recursos sin tener un diagnóstico para identificar a la población objetivo, no se garantizó que los recursos se destinaran en exclusiva a la gente con “discapacidad permanente”.
La secretaría de Estado a cargo del político tabasqueño Javier May Rodríguez, tampoco informó a la ASF si los recursos entregados fueron a través de transferencia bancaria o en efectivo
Otras de las fallas detectadas por la ASF fue que Bienestar omitió acreditar el pago de 11.1 millones de pesos (14.1%), de los 78.61 millones de pesos que integran los contratos de bienes y servicios suscritos en el marco del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”.
Tibieza de la ASF
Con todas las irregularidades detectadas, la ASF emitió 38 recomendaciones al desempeño. Se incluyó una sugerencia a la Cámara de Diputados y se realizó una solicitud de intervención del Órgano Interno de Control.
Las recomendaciones de la ASF se orientan, principalmente, a que la Secretaría de Bienestar identifique el problema en el que busca incidir con la pensión; defina a la población objetivo.
