La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez, reconoció que hace falta la creación de una política pública eficaz que permita mejores condiciones para denunciar y darle un adecuado seguimiento institucional a las víctimas de violencia de género.
Al presentar la Recomendación General 01/2022, la ombudsperson reconoció que en la Ciudad de México se han creado distintas medidas y políticas públicas orientadas a prevenir y combatir la violencia de género, sin embargo, “urge una valoración contextual e interdisciplinaria para identificar la situación y las necesidades de cada víctima”, comentó.
En cuanto a la recomendación, fueron analizados 21 expedientes que datan de 2017 a 2021, en ellos se encontraron 16 sobre violencia familiar, de los cuales en 11 casos los agresores fueron las parejas o exparejas, mientras que en el resto los hijos u otros familiares.
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En los otros cinco casos analizados, se identificó violencia sexual contra niñas, niños y una mujer con discapacidad; dos de sus agresores fueron los progenitores de las víctimas, además de dos funcionarios públicos.
“Se necesitan mecanismos más efectivos de protección para aumentar las posibilidades de que (las víctimas) no abandonen los procesos iniciados contra sus agresores”, recalcó Nashieli Ramírez.
En cuanto a las deficiencias institucionales, la titular de la CDHCM enumeró las siguientes:
a) No dar credibilidad a las víctimas
b) Los mecanismos de entrevista suelen ser revictimizantes
c) Existe dificultad para iniciar la denuncia debido a falta de sensibilidad
d) Uso de prejuicios y estereotipos
e) Demoras en las investigaciones
f) Falta de solicitud o efectividad de medidas de protección
g) Pérdida y filtración de información
h) Exigencia de una narración de hechos lineal, coherente y ubicada en tiempo y espacio, desconociendo los efectos traumáticos para las víctimas
La CDHCM recomendó, tanto a la Fiscalía General de Justicia como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elaborar un protocolo que establezca un mecanismo de supervisión relativo a las medidas u órdenes de protección, además de otro que garantice que las acciones solicitadas mediante el “Código de Atención Ciudadana”, a favor de las víctimas, se realicen de manera inmediata. EJ
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