Al advertir que “la impunidad frente a la extorsión es prácticamente absoluta”, una investigación del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) señala que la incidencia de extorsiones y sus riesgos en México ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues han minimizado el problema a un mero delito patrimonial.
Considerando que la extorsión es uno de los delitos que más se ha incrementado en esta administración —ya que la tasa nacional de víctimas por cada 100 mil personas ha despuntado en más de un 7.20, cuando de 2015 a 2018 no superó los 5.50—; este año se alcanzó oficialmente el mayor registro de víctimas por mes, al rebasar las mil personas extorsionadas, lo cual se ha replicado inéditamente en un trimestre consecutivo en este 2022.
Bajo ese contexto, el ONC presentó hoy la primera parte de su investigación titulada “La extorsión bajo el caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas”, en la que además de señalar las múltiples deficiencias de las autoridades por atender ese fenómeno delictivo, también concluye que el marco jurídico en torno a la extorsión “ignora las distintas afectaciones a la víctima directa y a la comunidad”.
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Al destacar que las extorsiones están presentes en prácticamente todos los sectores económicos y sociales, pues lo mismo afecta a instancias de gobierno, profesionistas, comerciantes y amas de casa, el Observatorio subraya que “el atraso normativo, la baja denuncia y las capacidades institucionales rebasadas constituyen la fórmula perfecta para la impunidad”.
En ese sentido, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio insistió en que los recursos institucionales por atender las extorsiones “son insuficientes”, al grado de que se ha consolidado como un delito que ha “rebasado las capacidades del Estado y ha generado el ciclo perfecto para que prive la impunidad y cifra negra en torno a este fenómeno”.
Partiendo de que “no existe una única estrategia anti extorsión que funcione para todas las modalidades y contextos”, debido a que los esfuerzos por combatir su incidencia “no es prioridad para el personal de seguridad pública local y federal” en el país, la investigación del ONC, que también analiza la literatura académica sobre la extorsión en América Latina y el Caribe de los últimos 20 años, subraya que el papel de la FGR es “marginal” en cuanto a la indagatoria y la procuración de justicia en casos de extorsión.
A lo cual se suma el hecho de que la inteligencia financiera para abatir las extorsiones resulta “inexistente”, no obstante, a que en 2020 la Evaluación Nacional de Riesgos consideró a la extorsión como una amenaza.
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