Falla estrategia de austeridad en penales

La ingobernabilidad, el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos como alimentos, atención médica, educación y empleo, entre otras violaciones a derechos humanos se han agudizado en el último año en el sistema penitenciario mexicano, tanto a nivel federal como estatal, por dos razones, alertaron especialistas: la inhabilitación de los centros federales, que implica el reacomodo de internos y la saturación en prisiones estatales.

A esto hay que sumar el avance de contagios por Covid-19 al interior de las prisiones del país. De acuerdo con el seguimiento de la organización Observatorio de Prisiones, en lo que va de la pandemia hasta el corte del 17 de enero de este año se tenía un registro de 3 mil 11 casos confirmados del nuevo coronavirus, así como 245 fallecimientos a causa de la enfermedad en las prisiones del país.

El gobierno federal se ha enfocado en la revisión y eventual cancelación de los contratos por servicios de asociaciones público-privadas en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), y el desmantelamiento de estas prisiones federales por sus altos costos; las consecuencias y los posibles riesgos que estas medidas están repercutiendo en los penales estatales.

“Se ha hecho evidente el tema de los contratos, hay una mayor preocupación por el contexto económico, pero no así por las violaciones graves a los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano, entre los que destacan el uso y abuso de la prisión preventiva; las políticas de justicia criminal basadas en encarcelamientos masivos; sentencias que conllevan a largos periodos de privación de la libertad, condiciones de autogobierno, co-gobierno, tortura, y tratos crueles inhumanos o degradantes”, subrayó José Luis Gutiérrez Román, director de la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

Sin embargo, el pasado miércoles 28 de enero el Inegi dio a conocer los resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020, y pone en evidencia que la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la disminución de costos parece fallida. Aunque en 2019, el primer año de esta administración el sistema penitenciario federal registró una disminución en la cantidad de personas privadas de su libertad en comparación con 2018, el gasto diario por interno en las cárceles federales despuntó en un 48.9%, lo que significó un total de más de seis mil 519 millones de pesos gastados por el gobierno.

›De acuerdo con los resultados del Censo, cuando en 2018 el gasto ejercido en los Ceferesos alcanzó los 14 mil 951 millones; es decir, un costo promedio diario por persona de 2 mil 286 pesos, debido a los 17 mil 916 internas e internos contabilizados en ese año. Para 2019, el arranque de la actual administración, el número de personas privadas de libertad en las prisiones federal decayó en 3.60%, con alrededor de 645 reos menos que el año anterior, pero el monto de los recursos ejercidos, según el informe del Inegi, fue superior a los 21 mil 470 millones de pesos, equivalente a un alza de 43.6% con respecto a 2018.

De esta manera el costo estimado diario por cada persona recluida en esos Centros se elevó en un 48.9%, pues con una población de 17 mil 271 de internas e internos, el sistema penitenciario federal destinó un monto de 103 mil 595 pesos en promedio mensuales, es decir, tres mil 405 pesos por persona cada día.

16 por ciento ha crecido aproximadamente la población penitenciaria en el contexto de la pandemia.

El traslado de más problemas

En diciembre pasado arrancó el desmantelamiento del Cefereso número 9 de Ciudad Juárez, que llegó a albergar a capos como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, o Miguel Ángel Treviño, El Z-40, entre otros, el traslado de unos 400 internos, la mayoría por delitos de narcotráfico, a prisiones de otros estados como Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, generó la inconformidad y protesta de una centena de sus familiares, quienes el 27 de diciembre bloquearon las salidas de la prisión para impedir el traslado de los internos. Pero fue en vano.

En tan sólo 25 meses, la administración lopezobradorista desmanteló oficialmente cinco centros federales: el de Ciudad Juárez; el Complejo Penitenciario Islas Marías; el Cefereso número 2 “Occidente” de Puente Grande, Jalisco; el Cefereso 6 “Sureste” de Huimanguillo, Tabasco; y el Cefereso 3 “Noroeste” de Matamoros. El principal objetivo sería evitar el despilfarro de recursos, pero de acuerdo a los especialistas, esto está afectando a otros centros activos federales, así como a los centros estatales.

“La ingobernabilidad que hay en los penales estatales y la infraestructura no te permite albergar de manera correcta a internos con alto perfil delictivo. Con los cierres de penales federales que no están en este esquema de app (asociación público-privada), que es la semi privatización deja el cuestionamiento de qué se va a hacer con los penales que están cerrando, se debería dar el recurso a los estados para manejar mejor el hacinamiento y la sobrepoblación”, aseveró Saskia Niño De Rivera.

El dato. Los penales de Tamaulipas, Veracruz y Guerrero son los peores calificados a nivel nacional.

Para la presidente de Reinserta, organización enfocada en mejorar la seguridad del país a través del trabajo con el sistema penitenciario, el severo problema de hacinamiento que mantienen los penales estatales implicará que no podrán hacer tantos traslados, pues precisamente “la idea del presidente (López Obrador) y del titular del Órgano Desconcentrado es justamente ocupar la máxima capacidad de los penales federales para que disminuya el precio y los gastos del concepto de las app”.

Así, refirió Niño de Rivera: “consecutivamente de muchos otros penales donde están pagando contratos con empresas y no los tienen llenos. El cierre de los penales federales va a generar problemas y una falta de apoyo del gobierno federal para los penales en los estados, que van a tener menos capacidad (…) Los penales federales tienen mucha mejor infraestructura que los estatales, y por lo mismo se han vuelto un apoyo para los estatales cuando llegan personas que tienen un alto perfil criminal y suelen hacer los traslados para no generar una problemática mucho más grande en los estatales”.

Hay una falta de modelo de reinserción con las personas que están privadas de su libertad. No hay ninguna estrategia integral a nivel federal, ni a nivel local para prevenir la corrupción”. Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH documentó que en el 33.33% de las prisiones estatales se presentó un problema de sobrepoblación; lo cual, señaló entonces el organismo, impacta directamente en la insuficiencia de actividades laborales y de capacitación.

Ya desde entonces el organismo advirtió que más de 32% de los penales inspeccionados se detectaron condiciones de hacinamiento, “lo que implica que existen áreas que rebasan de manera considerable su capacidad”, planteó el documento.

Declive. Con 17 mil 271 internos, el sistema penitenciario federal destinó 3 mil 405 pesos por persona cada día..

¿Quién manda?

El pasado domingo 24 de enero, internos del Centro de Reinserción Social de Mexicali protestaron en exigencia de atención médica y una mejor alimentación, la manifestación se salió de control e implicó el apoyo de la Guardia Nacional a las autoridades locales para tranquilizar los ánimos de los casi dos mil internos, que de acuerdo con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario se trató de un “intento de motín” en el que los reos “trataron de llevar a cabo dos actividades: tomar el gobierno del centro penitenciario y la otra patrocinar lo que hoy sabemos es el intento de fuga de entre cuatro y 12 personas”, aseguró dos días después de lo ocurrido Salvador Morales, titular de dicha comisión.

El hecho, señaló José Luis Gutiérrez, director de Asilegal, es muestra de que prácticamente en todo el país persisten condiciones de autogobierno o cogobierno, incluyendo los sistemas penitenciarios de Aguascalientes y Baja California, precisamente donde ocurrió el conflicto el domingo, que hasta hace unos años eran considerados por la CNDH como los que presentaban los menores indicadores de estas condiciones, algo que cambió ahora.

Inicio sexenal. Para 2019, el número de personas privadas de libertad en las prisiones federales decayó en 3.60 por ciento.

Para el director de la organización de la sociedad civil enfocada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en situación de vulnerabilidad, la ausencia de servicios básicos dentro de los sistemas penitenciarios, específicamente de la salud, la alimentación, al empleo, la educación y las capacitaciones representa “uno de los graves problemas y graves violaciones a derechos humanos que se han dado específicamente porque los centros penitenciarios no tienen condiciones para atender a las personas y darle estos ejes para que se pueda contribuir con el objeto social que implica su reinserción en la sociedad”.

Violaciones hay bastantes, los propios diagnósticos han reconocido la ausencia de médicos (...) Las peores violaciones en el sistema penitenciario mexicano las viven las mujeres privadas de su libertad”. José Luis Gutiérrez Román director de AsiLegal A.C.

Ante la actual emergencia sanitaria este tipo de exigencias y expresiones violentas o fuera de control implican una bomba de tiempo para las autoridades penitenciarias, como el motín en el Cereso de Colima que en mayo pasado implicó la muerte de tres internos y al menos 15 más resultaron heridos, al protestar por las restricciones a causa del coronavirus.

“Antes (las personas recluidas) no tenían educación, no había médicos porque decían que no había personal, ahora resulta que no pueden bajar a los centros escolares, a las actividades deportivas o las áreas médicas, porque estas están siendo utilizadas para atender los casos de Covid, y el resto de las actividades fueron suspendidas, así como las visitas para frenar los contagios”, apuntó Gutiérrez Román.

El activista añadió que justamente en esta situación es donde recaen los focos rojos que deben considerarlos por el gobierno, ante la sobresaturación de los penales locales, y el envío de internos de los centros federales que se están desmantelando, lo cual ha detonado que más familias estén impugnando los traslados, pues señaló que llegan a tardar más de un mes en lo que son clasificados para que se les permita tener visitas.

“Es una situación extremadamente grave porque están dentro de una celda por muchísimo tiempo, sin una actividad específica, con un grave problema de salud metal por todo lo que implica el encierro, y lamentablemente sin acceso a médicos ni medicamentos; y el Covid lo vino a agudizar todo porque ha llegado muchísima población nueva que en el afán de que los poderes judiciales están en cuarentena, pues llegan, los meten, les dictan una medida cautelar de prisión preventiva y ahí los dejan por mucho tiempo”, aseguró Gutiérrez Román.

El monitoreo del Observatorio a una muestra de poco más 800 personas entrevistadas de manera remota arrojó que además del virus de la Covid-19, el 85.64% de lAs familias de personas privadas de su libertad aseguraron que los encargados de los penales no les informaron sobre el protocolo a seguir en caso de contagios; y un 51.04% refirió que las autoridades tampoco les hablaron sobre las medidas de prevención al interior de los centros.

Letra muerta

Desde el periodo de campaña, López Obrador reconoció la necesidad de una “reforma de prisiones” encaminada a conseguir una adecuada reinserción social de las personas privadas de su libertad. Ya en la actual administración, en una de las reuniones regionales de seguridad en octubre de 2019, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo urgió en la propuesta de “revisar los penales porque evidentemente no están cumpliendo con la función de construir la reinserción social, tenemos que recuperar a los penales”, refirió entonces.

A la fecha, coincidieron los expertos consultados por este periódico, no se cuenta con una estrategia o claridad respecto a un plan para mejorar las condiciones de vida y derechos de las personas privadas de libertad; de apoyo a los grupos vulnerables, e incluso ni una aplicación verdadera de la Ley Nacional de Ejecución Penal para la adecuada clasificación y separación de la población penitenciaria en razón de las personas sentenciadas; procesadas; por identidad o expresión de género; edad, condición socioeconómica; o condición étnica.

“No existe una clasificación que determine si una persona privada de su libertad debe estar en un penal federal o estatal. Una persona debe estar cerca de su familia y fomentar el vínculo familiar como parte del modelo de reinserción, por eso muchos jueces les dan los amparos y se quedan en los penales estatales”, recordó Niño De Rivera.

Aunque desde 2008 se reformó a nivel nacional el modelo de readaptación a uno de reinserción social, en los hechos, “el sistema penitenciario es la institución más olvidada de México”, sostuvo Saskia Niño De Rivera, presidenta de la asociación civil Reinserta.

A decir de José Luis Gutiérrez, hay un marco jurídico para hacer esa clasificación, pero no es una realidad. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece claramente cómo es que las personas deben de ser separadas; como el caso de las poblaciones LGBTTTI o las personas indígenas, por ejemplo. “La ley es muy clara, pero los sistemas penitenciarios no lo hacen”.

A nivel nacional, señaló Niño de Rivera, sólo el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México cuenta con un centro de Desarrollo Infantil certificado por la SEP, en el que las internas que son madres pueden mantener a sus hijos y ejercer su maternidad de manera más segura, alejada de la convivencia de la población varonil o mixta, donde los menores de edad corren mayores riesgos.

›Particularmente las mujeres privadas de su libertad son quienes padecen las más graves violaciones a sus derechos dentro del sistema penitenciario mexicano: “los centros penitenciarios en México son diseñados y construidos por hombres y para hombres, porque ellas no tienen ninguna condición específica, prácticamente el centro de salud está en el área varonil, si tienen que tomar una clase, una actividad, si se animan y las dejan tienen que ir al área varonil, donde muchas veces son víctimas de prostitución, de violencia por parte de los propios internos”, subrayó el titular de Asilegal.