Expropian 109 hectáreas de terrenos privados para Santa Lucía
En febrero el Gobierno Federal había expropiado 11 hectáreas de terrenos para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, pero estas eran de tipo ejidal
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para la expropiación de 109 hectáreas de terrenos de propiedad privada para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Santa Lucía.
De acuerdo con el documento, publicado este lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el terreno de propiedad privada tendrá como destino la Secretaría de la Defensa Nacional.
El documento apunta que la expropiación comprende terrenos privados en los municipios de Nextlalpan, Zumpango, Tecámac y Xaltocan, en el Estado de México.
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Será la Secretaría de la Defensa Nacional la dependencia que, con cargo a su presupuesto, realizará las indemnizaciones a quienes acrediten la propiedad de terrenos.
“El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional procederá de inmediato a tomar posesión definitiva de los bienes materia de la expropiación”, indica el documento publicado en el DOF.
La expropiación incluye todas las construcciones e instalaciones que se encuentren dentro de los terrenos y que formen parte de la misma.
El pasado 26 de abril en su columna Estrictamente Personal que se publica en EjeCentral, el periodista Raymundo Riva Palacio señaló que parte de la construcción que hasta ese entonces había realizado la Sedena se encontraban en terrenos privados.
Hasta ese entonces, el 23 de febrero, el Gobierno federal había expropiado 11 hectáreas de terrenos ejidales de los municipios de Tecámac, Nextlalpan y Melchor Ocampo en el Estado de México, para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
Al notificar que parte de la construcción se encontraba en terrenos privados, el Ejército tuvo que suspender las obras por un tiempo indefinido.
Raymundo Riva Palacio indicó en abril que el secretario Román Meyer, titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no había indemnizado a varios de los propietarios de los terrenos de esa zona.
Por lo que la obra del presidente López Obrador se encontraba en peligro en términos de gestión y ejecución.
Uno de los amparos interpuestos por los propietarios, escaló al grado no sólo de detenerlas obras, sino de llevar a prisión a los responsables. CJG
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