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Este jueves cumple 416 días al frente de la Dirección General de la empresa paraestatal Exportadora de Sal (ESSA) y Nonato Antonio Avilés Rocha ya violó una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador: entregó, con los mayores beneficios, a familiares y parientes políticos contratos de venta y servicios de la compañía, y juntos diseñan una estrategia para encontrar la forma de concesionarles una de las mayores productoras de sal a nivel mundial.
Documentos oficiales en poder de ejecentral confirman que el funcionario sudcaliforniano, designado por el Presidente, no sólo otorgó convenios de servicios para al menos dos de sus primos hermanos; sino que a uno de sus sobrinos le abrió la puerta para que, con ayuda de Agroarvi S.A. de C.V. —una empresa que parece fachada y sin experiencia ni licencia para el manejo de sal o sus derivados—, obtuviera el producto empacado, por adjudicación directa, a un menor precio y diseñaran cómo tomar el control de Exportadora de Sal.
Fue el propio Avilés Rocha, en su calidad de director de ESSA, quien autorizó las visitas, hospedajes y alimentos pagados con recursos de la paraestatal para que los socios de Agroarvi, incluyendo a su sobrino Ramón Martínez Leyva, visitaran al menos en seis ocasiones las instalaciones de Exportadora de Sal para sentarse a platicar, lo que los mismos involucrados llegaron a describir como “un negociazo”, confirmaron las fuentes consultadas.
Y cómo no. El director de la paraestatal y su familia están buscando la forma para que la empresa de Martínez Leyva quede facultada para operar, administrar y tener bajo su “exclusiva dirección” la planta de sal. Además del uso libre y sin restricción de los puertos de embarque de Exportadora de Sal, con lo cual tendría carta abierta para que, con toda la maquinaria, instalaciones, equipos y/o accesorios, tanto internos como externos de ESSA sean concesionados a favor de Agroarvi. Al menos eso se desprende de dos documentos, uno de ellos, un plan de negocios que el sobrino del funcionario federal ha presentado a diferentes empresarios y posibles coinversionistas.
El otro documento, al que denominaron “Intención de Concesión ESSA–AGROARVI. Unidad Sal de Mesa”, del que este periódico obtuvo una copia, es una propuesta en la que Agroarvi, por concesión de ESSA, sería la empresa encargada durante los próximos 25 años —con la posibilidad de ampliarlos—, de distribuir y entregar la sal refinada, mejor conocida como sal de mesa, a los centros de distribución o acopio del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las tiendas creadas por López Obrador para distribuir los productos a mejor precio en todo el país.
La empresa mil usos
›Agroarvi SA de CV sirve para todo. Puede comercializar huevo, azúcar, carne, pollo, pescado, verduras, frutas, trapeadores, jabón, detergentes, ropa, accesorios, platos, vasos y cubiertos; hace campañas publicitarias, son prestamistas o intermediarios para conseguir prestamos, seguros o créditos, y ofrece servicios de limpieza y mantenimiento. Más de 90 opciones descritas y entre ellas se ubica la sal. Esto según su registro como sociedad anónima de capital variable, fechado el 10 de mayo de 2016.
Quienes constituyen Agroarvi tampoco figuran como especialistas o por lo menos con experiencia para explotar una empresa de talla mundial productora de sal como lo es ESSA. Su administrador general Arévalo López se desempeñó como director de Atracción de Inversiones del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, cargo que ocupó de septiembre de 2015 a octubre de 2018, según su perfil en LinkedIn.
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Tiene una licenciatura en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y es el único de los que figura como apoderados de la empresa que aparece pública su vinculación con la empresa.
En el caso de José Ramón Martínez Leyva —sobrino del director de ESSA—, oriundo de Jalisco, su perfil en la misma red social lo ubica como director comercial en Estrategas y Asesores Comerciales Calesa S de R.L de C.V desde julio de 2011 a la fecha; hace mención de la Universidad del Valle de Atemajac en el rubro de “Educación”, pero no especifica cuál fue el título que habría obtenido. Y entre sus aptitudes señala el administrar y dirigir empresas, telecomunicaciones y liderazgo de equipos.
En el caso de Eduardo Alfonso García García, quien figura como Comisario de la empresa, cuenta con la licenciatura de contador público y auditor por la Universidad de Guadalajara. Y José David Arturo Alvarado Arriaga y Abraham Arévalo López, apoderados que constituyen Agroarvi, no fue posible localizar mayores detalles de su trayectoria laboral o formación académica.
Además de un acta constitutiva demasiado extensa y no localizarse operaciones comerciales recientes salvo con ESSA, la empresa cumple con todos los requisitos con los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cataloga como una empresa como fantasma, una ubicación irregular y carencia de licencias.
La dirección asentada en los contratos entre ESSA y Agroarvi, es un predio en el Camino a Santa Ana Tepetitlán en Zapopan Jalisco, que se asemeja más a un estacionamiento o taller para tráileres, que no cuenta con las instalaciones y equipamiento necesarios para recibir y almacenar la sal de mesa. Además, tras una revisión de la compañía, se verificó que no cuenta con la licencia de funcionamiento correspondiente para dichos procesos en el domicilio que señalan los convenios.
Con permiso del tío
Fue el jueves 21 de marzo de 2019, en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, cuando se sentaron las bases del fructífero negocio que Agroarvi, una empresa prácticamente desconocida, sin página de internet, ni rastro contractual o experiencia en el ramo de la sal y con un domicilio en un especie de lote baldío o estacionamiento, alcanzaría con Exportadora de Sal, una compañía que produce anualmente más de ocho millones de toneladas de producto.
En ese encuentro se dieron cita Ramón Martínez Leyva, sobrino político de Antonio Avilés Rocha, quien 94 días atrás, el 17 de diciembre de 2018, había asumido como director general de Exportadora de Sal. También asistió Roberto Robi Avilés Rocha, hermano del funcionario; así como los socios y representantes de Agroarvi, quienes dejaron sobre la mesa su “intención de concesión” con ESSA. A partir de entonces, comenzaron a acercarse a empresarios y amigos para comenzar a hacer negocios, asegurando que la empresa salinera les cedió la venta y distribución de sal a precios y condiciones preferentes.
Martínez Leyva, actualmente de 35 años de edad, es hijo de Javier Raúl Martínez Partida, médico cirujano y partero, y Eloísa Leyva Montoya, hermana de Guadalupe Leyva Montoya, esposa de Antonio Avilés Rocha, director general de Exportadora de Sal.
Bajo la marca Ojo de Liebre, la cual carece de registro oficial de acuerdo a una verificación del nombre, Agroarvi fue abriéndose camino en ESSA. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de su actual director general, porque autorizó las visitas, estancia y comidas de los socios de la empresa constituida en el Registro Público de Comercio en Jalisco desde abril de 2016. En estas estancias se incluyeron los gastos de su sobrino Ramón Martínez Leyva.
De acuerdo con documentos de la propia ESSA, obtenidos vía transparencia, fue con recursos de esta paraestatal con los que se atendieron a los visitantes quienes desde el 11 de marzo y hasta por lo menos el 7 de diciembre de 2019, según los registros, acudieron y se alojaron en las instalaciones de la empresa salinera conocidas como “Cuartos Técnicos” y “Casa Fomento Minero”, en seis ocasiones, por estancias que iban de los dos a los cinco días.
Un ejemplo de dichas visitas, según el listado de huéspedes en poder de este periódico, fue del 11 al 15 de marzo, cuando los señores David Alvarado y Óscar Arévalo, reconocidos como apoderado y administrador general único respectivamente en Agroarvi; así como Ramón Martínez, sobrino de Avilés Rocha, entre otras personas identificadas como miembros de esa empresa, se hospedaron en Cuartos Técnicos. La autorización fue firmada por el director general de Exportadora de Sal, por lo tanto fue con su conocimiento.
8.0
millones
de toneladas de sal es la producción anual de ESSA.
Y fue el mismo director Avilés Rocha quien siete meses después de esa visita, aprobó la estancia y comidas nuevamente para David Alvarado y Óscar Arévalo, para que se quedaran en la Casa Fomento Minero del 1 al 3 de octubre de 2019. Pero no se trataron de las únicas visitas, pues en el último trimestre de 2019 se registraron cuatro encuentros más con asociados y representantes de Agroarvi en instalaciones de ESSA, de acuerdo con los documentos consultados.
El apoderamiento, un acuerdo desigual
Las evidencias documentales demuestran que dichas reuniones habrían sido un mero seguimiento. Con base en el proyecto de concesión ESSA–AGROARVI, del 14 de junio de 2019, es decir a poco más de dos meses de que se celebró aquella reunión en el restaurante de la capital jalisciense, la empresa del sobrino de Antonio Avilés Rocha asentaba su ambicioso plan para prácticamente apoderarse en su totalidad de la operación, mantenimiento, administración, y “exclusiva dirección” de la Planta de Sal, propiedad de ESSA, que funge como productora de sal de mesa.
Según los lineamientos específicos del proyecto, Agroarvi tendrá el derecho, mas no la obligación, de ampliar y modernizar la planta de sal; hacer eficiente y aumentar la producción de sal refinada; además de comercializar el excedente de sal refinada al mercado nacional e internacional. Pero bajo el entendido de que ESSA tendrá la obligación de suministrarle “ciertas toneladas anuales de sal industrial, también conocida como salmueras”.
Además, Agroarvi establece la obligación de que Exportadora de Sal le deje el “uso libre y sin restricción” de los puertos de embarque de la Isla de Cedros, en Ensenada, Baja California; y el de Puerto Chaparrito de Guerrero Negro, en Baja California Sur. Incluyendo el uso de toda la maquinaria y/o mobiliario de carga de dichos puertos. En cuanto al suministro de energía, y la garantía de la “tarifa menor” que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le otorga a ESSA también está incluido en el paquete de licencias que se auto fijó la empresa.
Para justificar la legalidad de su “proyecto de concesión”, Agroarvi cita lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; aunque en dicha ley no se contempla la figura de la concesión para apropiarse de una empresa paraestatal.
Aunque el documento de la incipiente empresa es contundente al respecto: “ESSA deberá otorgar a favor de AGROARVI, el control total para la explotación”. En este último punto se refiere al aprovechamiento del vaso de sal bajo en sodio; del suministro de salmuera de cloruro de sodio; el suministro de salmuera de cloruro de magnesio; así como de la sal industrial o de apilamiento.
“ESSA deberá otorgar a favor de AGROARVI una licencia temporal, no exclusiva, para el uso y explotación de la patente conocida como salting out. El Proyecto deberá tener una vigencia de, por lo menos, 25 años contados a partir de la fecha de suscripción, con la posibilidad de renovarlo por periodos sucesivos de cinco años cada uno”, concluye el proyecto firmado por Óscar Omar Arévalo López, administrador general único de Agroarvi.
Una ganga
Con un trato de asignación directa, sin licitación ni concurso alguno, Nonato Antonio Avilés, director general de Exportadora de Sal, firmó al menos tres contratos de venta de sal, fuera de especificaciones, lo cual implica que cedió el producto listo y empacado para esa empresa sin experiencia en el ramo, a un menor costo de lo que ESSA se lo vendiera a la gigante firma japonesa de Mitsubishi, quien cuenta con el 49% del capital de la paraestatal.
›Este periódico revisó esos tres contratos que el mismo Avilés Rocha avaló. El argumento para venderla a precio menor, es que la sal estaba dañada, húmeda o siniestrada. Es decir lo que se conoce como sal industrial.
No obstante el trato entre ESSA y Agroarvi señala que pese a considerarla como sal en mal estado se empaquetó como sal de grado alimenticio, sin lote, como si se tratara de sal de mesa.
El primero de estos contratos, bajo el folio SM-004/2019, se suscribió el 18 de junio de 2019, por 711 mil 50 toneladas de sal que supuestamente se habría dañado al sufrir mojaduras en sacos de sal desde noviembre de 2015. A pesar de representar una pérdida importante para la paraestatal, no existe algún antecedente, de acuerdo a lo que revisó ejecentral, de que algún empleado o funcionario haya sido responsabilizado por esa negligencia, como lo ordena la ley. Finalmente fue vendida, empaquetada como sal de mesa, a un precio total de 106 mil 657.50 pesos, el equivalente a 150 pesos por tonelada.
Un segundo contrato fue el No. SMFE-001/2019, del 11 de noviembre del año pasado, en el que ESSA vendió 126 mil 150 toneladas de sal, también supuestamente dañada por las mismas causas que el primer convenio. Esta vez fue a un precio de 189 mil 225 pesos, equivalente a 150 pesos por tonelada. Según los precios para el mercado nacional, de acuerdo al Consejo de Administración de la paraestatal, los precios mínimos por tonelada, por ejemplo para el saco 1/25 de sal yodatada, sin empacar está entre los mil 980 a los dos mil 102, según el puerto al que se transportado.
Veinticinco días después, el 6 de diciembre de 2019, suscribieron el contrato SMFE-002/2019, por cuatro mil toneladas de sal, que la propia paraestatal justificó haberla rematado entre los 225 y los 480 pesos por tonelada. Nuevamente argumentó ESSA que se trataba de sal dañada y caducada, que se acumuló por más de nueve años.
Se trata sin duda de un remate si se considera que tan sólo el precio unitario del empaque o saco para 25 kilogramos oscila entre los 225 y 260, según los precios de Exportadora de Sal en 2019, y para una tonelada se requieren 40 empaques, el precio sólo del empaquetado podría superar los 10 mil 400 pesos.
Cabe señalar que los tres contratos especifican que la sal empacada y a bajo costo, fue entregada Agroarvi en el puerto de Mazatlán.
Ante el hecho de que la sal estuviera en todo caso contaminando los estándares y protocolos de operación de ESSA no deberían permitir que el producto fuera empacado como sal de grado alimenticio, y sin lote, pues evidentemente no sólo se afectaría a la población que llegue a comprar y consumir un producto dañado o en mal estado, sino que además se pone en riesgo la marca, al ir el empacado con el nombre de ESSA.
Algo que también llama la atención es que en caso de que se trate de sal supuestamente dañada esté húmeda pero en sacos, de acuerdo a los procedimientos podría secarse o vender a granel a un mejor precio. Si se encuentra en bolsas dañadas, como justifica el contrato, esos sacos son desechados por los mismo clientes. De igual manera el que se pretenda justificar que su daño se debe a su exposición al sol, resulta hasta inverisímil, como se plantea, pues así es como se encuentra el producto en los almacenes y así la mantienen los clientes después de comprarla.
Tratos entre primos
Sin considerar ningún tipo de conflicto de interés ni mucho menos las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Antonio Avilés Rocha apenas tenía seis meses al frente de ESSA y ya había hecho la primera venta de sal. Y dos meses después otorgó el primer contrato de obras a sus familiares.
Tal fue el caso de Jesús Manuel Rocha Núñez, quien es su primo hermano y a quien le concedió el 26 agosto de 2019 un contrato por tres millones 725 mil 832 pesos, por concepto de reparación y mantenimiento general de oficinas, talleres y edificios en la paraestatal.
Llama la atención que acuerdo con el número de contrato LO-010K2N002-E4-2019-10101002-LPN-05-19, que sin especificar el evidente conflicto de interés de las partes, el contrato por dichos servicios se entregaron a Rocha Núñez en calidad de persona física, cuando usualmente ese tipo de servicios, y más al tratarse de un dependencia productiva para el Estado, se hacen en convenio con empresas o personas morales.
Otro beneficiado resultó Antonio Rocha Núñez, también primo del funcionario y hermano de Jesús Manuel, quien además se desempeñó como gerente de adquisición de Exportadora de Sal, cuando ésta era dirigida por el Juan Ignacio Bremer Hernández, quien dejó la dirección general de ESSA en diciembre de 2014.
Se trata de la empresa Materiales San Diego S.A. de C.V., y en el convenio Antonio Rocha —primo del director de ESSA—, aparece como representante, y le ha otorgado contratos para proveer diversos artículos. Mediante la comercializadora San Diego de Guerrero Negro le vende lo mismo materiales para conexiones eléctricas, cortinas enrollables y materiales diversos para oficina.
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