Resulta que en Exportadora de Sal, empresa con participación mayoritaria del gobierno mexicano, no aplicó la cuarentena y, peor aún, ni las medidas de seguridad para la población vulnerable.
Allá en Guerrero Negro, Baja California, muy lejos de las oficinas de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, de quien depende ESSA, le informó a los más de mil 300 empleados que por órdenes superiores no podían parar de trabajar porque se quedaban sin personal.
A los únicos que les dieron permiso de no presentarse fueron a sus 300 empleados de las áreas administrativas, incluyendo al director Antonio Avilés Rocha.
Por increíble que parezca, dicen los que saben que les advirtieron que para faltar y no perder sus cerca de dos mil 300 pesos semanales de salario (es el mínimo), debían presentar justificante médico o de plano demostrar en la enfermería que si son diabéticos tienen una glucosa en 400 mg/dl, para que puedan darles confinamiento, oséase casi en coma diabético.
