Luego de más de dos años de haber sido vinculado a proceso, este jueves el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, logró evitar ir a juicio y sin pagar un solo dólar de los 3.4 millones de dólares de reparación del daño que le exigía el gobierno por la compra-venta de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.
La orden de suspender el juicio en contra del exfuncionario que resolvió el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Genaro Alarcón López, significa un duro golpe a la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitó a la justicia federal una pena de 15 años de prisión contra Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Tras varios aplazamientos, en la audiencia intermedia que hoy se prolongó por más de dos horas en los juzgados federal del Reclusorio Norte, el juez Alarcón López validó la tesis de jurisprudencia de un tribunal colegiado con la que se determinó que el acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares al que llegó el empresario Alonso Ancira por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados para salir de prisión, era extensiva para el exdirector de Pemex.
El 18 de julio pasado, los representantes jurídicos de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) elevaron de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de reparación del daño para que el exfuncionario evitara ser enjuiciado.
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Pero, en un giro inesperado, los mismos representantes redujeron en esta ocasión a 20 millones el monto del acuerdo, a lo cual se negó tajantemente Lozoya Austin reiterando su acusación de intento de extorsión del gobierno en su contra.
“El día de hoy el juez de la causa tomó una decisión, me parece justa, acorde a los derechos humanos, a un sistema democrático y de justicia como el que tenemos, y consideró que procedía suspender el proceso”, refirió Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, a las afueras del reclusorio.
Sin embargo, el exfuncionario permanecerá en prisión debido a que se mantiene vigente aún el proceso en su contra por el caso de los sobornos millonarios con el conglomerado brasileño de Odebrecht, los cuales denunció Lozoya presuntamente se destinaron a legisladoras para aprobar la reforma energética del sexenio anterior.
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