Exmando de Sedena implicado en venta ilegal de armas entre Alemania y México

En medio de un proceso donde seis personas son juzgadas en Alemania por la venta ilegal de miles de armas a México, mismas que pudieron haber sido utilizadas durante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2o14, el general mexicano y exsubsecretario de la Defensa, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar habría recibido presuntos sobornos de la empresa Heckler y Koch (H&K) para cerrar contratos armamentistas durante el tiempo en que estuvo a su cargo la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena.

Declaraciones hechas a la fiscalía de Stuttgart por un testigo del juicio que inició ayer martes y citadas por la Agencia Proceso, revelan que el general mexicano, hoy en retiro, habría recibido un pago de 25 dólares por cada fusil de asalto G-36 y 20 dólares por cada arma corta que se vendió a México entre 2006 y 2009.

En la apertura del juicio, el fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 cerca de 4 mil 500 fusiles, así como ametralladores y munición por valor de 4,1 millones de euros, en zonas mexicanas con problemas de violencia. Los acusados rechazan los cargos y aseguran que la venta de las armas a esas áreas problemáticas fue realizada por las autoridades mexicanas

El nombre del testigo, un antiguo trabajador de H&K, se omite en el documento. El hombre indica que se enteró de los sobornos a través del representante de esa firma en México, Markus-Joachim Bantle, uno de los principales acusados en el juicio.

Ya en 2005/2006 él me lo habría mencionado; y las cantidades me las comentó por ahí del 2006/2007. Bantle también me dijo que el señor Haas (era jefe de ventas de la empresa y murió en marzo de 2005) tenía conocimiento de ello”, reza la declaración aunque el testigo no precisa si esos sobornos se dieron antes o después de haber cerrado el contrato de venta.

El testigo fue enviado a México entre 2006 y 2008 para realizar presentaciones sobre el armamento alemán y brindar entrenamiento y asesoría en el uso de las armas a sus potenciales clientes. En 2008 salió de la firma y se refugió en la clandestinidad presuntamente por considerar inescrupulosa la forma en que se exportaba a regiones que, según la ley de aquel país, están vetadas porque en ellas se violan los derechos humanos.

Jürgen Grässlin fue quien puso el caso en la mira, luego de investigar los negocios turbios de exportaciones alemanas de armas y demandar al fabricante en abril de 2010 y recibió la información del testigo, quien es su principal fuente en las investigaciones además de documentos que prueban las declaraciones.

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