A nueve meses de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, la Compañía de Jesús en México exigió a las autoridades que “sin más dilación detengan al autor y garanticen la rendición de cuentas por estos crímenes” ocurridos en la región de la Sierra Tarahumara.
“Los Jesuitas México apostamos por la memoria, hoy, a nueve meses de los asesinatos de nuestros hermanos Javier y Joaquín, anhelamos que la justicia sea el preludio para encontrar la Paz en la sierra Tarahumara. Así sea”, publicó la congregación a la que pertenece el Papa Francisco.
Y es que, aunque al menos 17 personas han sido detenidas al estar presuntamente vinculadas a José Noriel Portillo “El Chueco”, identificado por las autoridades como el único autor material de los homicidios de los religiosos, así como del guía de turistas, Pedro Palma, y un joven identificado como Paul Berrelleza, el principal homicida se mantiene prófugo.
El viernes pasado el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas aseguró que “la investigación está en curso. Ya hay dos detenciones, pero esperemos pronto ubicar a este objetivo”.
PUEDES LEER: CIDH urge proteger a 11 jesuitas en la Sierra Tarahumara
La declaración del subsecretario de la Segob se dio en el marco de la instalación de la “mesa de implementación” de las medidas cautelares que desde enero pasado otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tres religiosas y nueve sacerdotes de la comunidad jesuita en la localidad de Cerocahui, tras advertir una situación de “gravedad y urgencia de riesgo” por la situación de inseguridad y violencia.
De acuerdo con el Centro Católico Multimedia los asesinatos de los jesuitas en Cerocahui, Chihuahua son reflejo del hostigamiento, que incluyó casos de extorsión, amenazas de muerte e intimidación en general que padecieron sacerdotes y otros líderes religiosos en varias partes del país.
Así lo documentó el Departamento de Estados Unidos en su “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2022” que en el caso de México señalan que la justificación de las autoridades respecto al acos de sacerdotes católicos y pastores evangélicos fueron reflejo de los “altos niveles de violencia generalizada en todo el país y no ataques dirigidos basados en la fe religiosa”.
SIGUE LEYENDO:
