Un día después del allanamiento del domicilio de la periodista Lydia Cacho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el hecho ocurrido en Puerto Morelos, Quintana Roo, y demandó a las autoridades de procuración de justicia de la entidad agotar las líneas de investigación, en la posible relación de ese hecho con su labor periodística y como defensora de garantías individuales.
En un comunicado, el organismo nacional advirtió que se trata de un hecho altamente preocupante, ya que del domicilio de la periodista fue sustraído equipo de trabajo y material periodístico, así como fueron destruidas diversas pertenencias, además de que mataron a una de sus mascotas.
La CNDH se solidarizó también con quienes ejercen el periodismo y se dedican a la defensa de los derechos fundamentales en ese estado.
Este lunes, la organización Artículo 19 denunció que dos desconocidos irrumpieron en la vivienda de la periodista, quienes robaron material periodístico, equipo de trabajo y mataron a dos perras de protección.
Artículo 19 señaló que lo ocurrido se trata de un acto de represalia por el ejercicio de Cacho en defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión.
La CNDH recordó que en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó al Estado mexicano por violar los derechos de la periodista en 2005, cuando fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla acusada del delito de calumnia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, al acreditar tortura y violación a los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión, entre otros.
La CNDH expuso que la violencia contra periodistas ha obligado cada vez con más frecuencia al desplazamiento forzado de algunos comunicadores, quienes abandonan sus hogares y trabajos para ponerse a salvo junto con sus familias.
Abundó que esa situación lo demuestra el hecho de que al menos 10 de ellos estén acogidos por esa causa al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que el Estado mexicano debe generar las condiciones para su retorno o para su integración plena en un nuevo lugar de residencia.
Recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que toda afectación a la libertad de expresión –amedrentamientos, amenazas, medios indirectos como criminalización y uso del derecho penal contra comunicadores, desaparición y el asesinato de periodistas— constituyen acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse para evitar su repetición.
El organismo añadió que se mantendrá observante de la evolución de los acontecimientos y de las acciones que emprendan las autoridades para dar con quienes allanaron el domicilio de la periodista, llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos y reciban el castigo que en derecho corresponda. RB
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