Tras la exoneración de 21 personas, -cifra que incluye a ocho funcionarios públicos-, relacionadas con la desaparición y ejecución de cinco jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz, organismos nacionales exhortaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a combatir dicha sentencia judicial mediante la interposición de recursos legales.
El pasado el 11 de enero de 2016, cinco jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada y posteriormente hallados sin vida en el municipio veracruzano, hecho por el que se responsabilizó a policías estales en colusión con el crimen organizado, de acuerdo con la investigación ministerial.
El pasado 8 de marzo de este año, una sentencia judicial exoneró a las 21 personas del delito de delincuencia organizada, relacionado con el asesinato de los cinco jóvenes, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), llamaron a la FGR a combatir dicha resolución.
Por la sentencia a favor de las personas , quienes también procesos por desaparición forzada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, los organismos pidieron a la Fiscalía realizar las diligencias necesarias para que dichos procesos se mantengan de manera sólida y se asegure que las investigaciones cuenten con elementos de prueba idóneos para obtener las condenas respectivas.
Mediante un comunicado en conjunto, la CNDH y la CEAV acusaron que dicha exoneración abre “la posibilidad de que no se hayan aportado los elementos suficientes de convicción para establecer la responsabilidad de las personas del servicio público imputadas, lo que podría traducirse en violación al derecho humano a la verdad en agravio de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad”.
El pasado 4 marzo, familiares de los cinco jóvenes asesinados por el crimen organizado en Tierra Blanca, Veracruz, recibieron disculpas públicas por las actuales autoridades federales y estatales.
El acto de reconocimiento de responsabilidad fue parte de la recomendación de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
por violaciones graves que emitió en 2017, y cuya responsabilidad debió asumir el exgobernador Miguel Ángel Yunes. MM
