La Auditoría Superior de la Federación practicó varias revisiones a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y una a Diconsa y a Liconsa. La suma de estas revisiones muestra el desaseo y falta de control en el manejo de los recursos, la falta de objetivos y beneficios; además de operaciones irregulares que ya fueron denunciadas ante la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República.
Uno de los programas emblemáticos, que muestra el nivel de operación de Segalmex anómalo es el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (PGPAB), señala la ASF, que “no diseñó indicadores suficientes ni adecuados para medir el cumplimiento del objetivo del programa en relación con incentivar el ingreso de los pequeños y medianos productores, la contribución en el mejoramiento de la calidad de vida de los productores, y en contribuir en alentar la autosuficiencia alimentaria del país con el aumento de la producción y la reducción de las importaciones”.
Los resultados en 2020 en este programa fueron en una parte regresivos, como lo establece la ASF: “La producción de arroz y maíz, en el periodo 2018- 2020, disminuyó 7.7% y 7.3% respectivamente, y la producción de trigo aumentó 11.4%”.
Además, las importaciones de trigo, arroz y maíz amarillo “aumentaron 6.1%, 4.4% y 0.1%, respectivamente; mientras que las importaciones de maíz blanco se redujeron en 26.4%”.
Entre las anomalías detectadas, se encuentran: reglas de operación no cumplieron con todos los requisitos para programas de subsidios; el padrón de beneficiarios no se conformó de acuerdo con los lineamientos que ordena la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); no tiene manuales y procedimientos formales, y los gastos de operación del programa en 2020 ascendieron a 3 mil 289 millones 998 mil pesos, superiores en 186.4% respecto de 2019, y representaron el 31.1% de los recursos fiscales de Segalmex.
“En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, Segalmex no concluyó la consolidación de su estructura corporativa, por lo que presentó debilidades en la gobernanza del organismo, lo cual afectó la operación del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”.
Es necesario, dice, el organismo, que fortalezca sus sistemas de control interno “para disponer de la información clara, completa, verificable y consistente con sus bases de datos, con los registros contables internos, con los reportes de la Cuenta Pública y los Estados Financieros; ejerza los recursos del programa PGPAB eficientemente; programe, registre y racionalice los gastos de operación, a fin de promover el uso eficiente de los recursos y que éstos sean administrados con base en los criterios de legalidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y honradez”.
DATO. El 18 de enero de 2019 se creó Segalmex, dentro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y agrupó a Liconsa y Diconsa, “para favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país”.
El desorden en PGPAB
La ASF revisó el programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, creado en 2018 con la intención de fortalecer a los pequeños y medianos productores, su diseño, mecanismos de operación y evaluación, y el ejercicio de los recursos en 2020.
La Auditoría descubrió que, a pesar de que el director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, presentó en 2020 ante el Consejo de Administración el desempeño del organismo, la operación general del programa PGPAB, y se aprobó el Plan de Negocios 2020- 2024 y su Programa Institucional 2020-2024; pero su estructura orgánica no fue formalizada; los manuales, políticas y procedimientos para regular las funciones de los responsables y los procesos sustantivos del programa no fueron aprobados.
El informe de la ASF hace notar el ocultamiento de información por parte de Segalmex y confirma que presentó inconsistencias en la integración y registro de información contable y financiera en sus Estados Financieros de SEGALMEX, algo que refuerza con la auditoría previa e independiente: “Si bien Segalmex publicó los Estados Financieros de 2020 en la Cuenta Pública, el auditor independiente Salles Sainz Grant Thornton se abstuvo de emitir su opinión: ‘No expresamos una opinión sobre los estados financieros de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros’”.
A pesar de que para cuando la ASF hizo la revisión, el programa PGPAB tenía dos años funcionando, no acreditó la implementación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, ni del Código de Conducta; ni los mecanismos para garantizar que los integrantes del Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés, y tampoco proporcionó la evidencia documental sobre los mecanismos y acciones implementados para evitar prácticas de corrupción. Y fue hasta 2021 que el organismo formalizó su estructura y corrigió algunos de los elementos mencionados.
También, fue hasta la práctica de auditoría, cuando Segalmex actualizó el Plan de Negocios 2020-2024, que fue aprobado por su Consejo de Administración el 9 de diciembre de 2021. Pero aún así, las Reglas de Operación del Programa “no cumplieron con todos los criterios” establecidos en la ley en materia de subsidios: “no identificó con precisión a la población objetivo ni estableció criterios redistributivos que procuren la equidad entre regiones y entidades federativas, para la entrega de apoyos a medianos productores de maíz y no especificó cómo la operación del programa no afectará sustancialmente las finanzas de la nación”.
Padrón inconsistente
A pesar de ser una de sus principales tareas, la ASF encontró que en 2020 Segalmex no dispuso de un programa para la adquisición y acopio de maíz y frijol, lo cual hizo hasta el año siguiente. Esto provocó, no sólo que no tuviera control de cuánto ingresaba o salía de sus depósitos, ni siquiera cuánto tenía en inventario y qué se echó a perder, algo que no se pudo cuantificar.
El documento dado a conocer este domingo, muestra que la esencia del trabajo del organismo fue totalmente irregular. Segalmex atendió las necesidades de frijol y de maíz de Diconsa para su red de abasto, vendiéndole el 97.1% del primero y el 41.9% del segundo; el resto de los granos los comercializó con particulares. Sin embargo, el total de maíz que les vendió a particulares fue de 15,420.4 toneladas, por 62 millones 364 mil 200 pesos, pero la ASF identificó que de las 15 empresas a las cuales Segalmex a dos le vendió el frijol mil 143 pesos más barata por tonelada.
Las inconsistencias detectadas en los padrones de productores de granos fueron que dos productores se registraron como beneficiarios en dos entidades federativas y 38 productores de maíz se registraron en dos padrones, en el de pequeños productores y en el de medianos productores.
Otra de las anomalías es que en 2020, Segalmex tenía un padrón de 105 mil 340 productores de granos básicos. De ellos 79.7% de maíz; 5.1% de frijol; 1.8% de arroz y 13.3% de trigo. Los registros de varios de esas listas no cumplen con todos los requisitos.
Además, “se identificaron inconsistencias en los padrones de productores de granos: a) dos productores se registraron como beneficiarios en dos entidades federativas; b) Liconsa ejerció los recursos de los programas Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y Adquisición de Leche Nacional de forma conjunta, por lo que no contó con un padrón exclusivo para los productores del programa PGPAB, y c) 38 productores de maíz se registraron en dos padrones, en el de pequeños productores y en el de medianos productores”.
En cuanto a la leche, Segalmex, señala la Auditoría, no diseñó una metodología para la fijación del precio de este producto en 2020. Tampoco contaba con un padrón de los productores.
Además, otorgó mil 445 millones 401 mil 800 pesos de apoyos para la compra de leche a precio de garantía; sin embargo, “no fue posible identificar el número de productores beneficiados con el precio de garantía de la leche”, denuncia la ASF.
Y a pesar de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció lineamientos obligatorios para el Padrón Único de Beneficiarios, en ellos hay 70 elementos por cumplir, pero Segalmex respondió que “cumplir con los 70 elementos no es factible porque se complica el registro del productor” y no los ha cumplido.
El problema es que al analizar el padrón de beneficiarios el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) que integró a 2.6 millones de pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz y trigo en todo el territorio en 2017, la Auditoría descubrió que es un desastre por su limitado alcance:
“Los resultados indicaron que la cobertura del programa respecto de la población potencial registrada en el SIAP fue de 3.8% para maíz; 1.4% para frijol; 21.7% para trigo y 34.0% para arroz.
Dan disparejo
Uno de los casos que muestra la falta de reglas y planificación en los apoyos, es lo que ocurrió a favor de los a medianos productores de maíz, el cual sólo se otorgó a tres entidades: Sinaloa 90.0%, Tamaulipas 6.0%, y Sonora 4.0 por ciento. No se dio explicación económico-estratégica para tal acción, simplemente que fue “por instrucciones del Ejecutivo Federal” con lo que se violó la ley, sostiene la ASF.
Segalmex tampoco acreditó que los beneficiarios de los programas cumplieran con los criterios de elegibilidad de superficie y ciclo productivo, establecidos en las reglas de operación.
Por si fuera poco, en otro de los elementos centrales para el funcionamiento estratégicos de Segalmex son los centros de acopio, de los cuales se tiene un padrón de 538, que entre los de maíz, frijol y leche, pero “no acreditó la información para verificar que la ubicación” de éstos contaran “con viabilidad logística y operativa”, sostiene la ASF. Aunque después la dependencia sostuvo que implementó “un programa de trabajo para la prospección de centros de acopio cuya ubicación geográfica será considerada por el volumen de producción de los beneficiarios con el objetivo de recibir, conservar y almacenar los granos comprados. Sin embargo, SEGALMEX no acreditó la implementación de dicho programa de trabajo”.
Denuncias
Segalmex, sostiene la Auditoría, “no racionalizó ni redujo sus gastos de operación en el Programa de Precios de Garantía, al contrario, fueron superiores en 186.4% respecto de 2019 y representaron el 31.1% de los recursos fiscales que SEGALMEX ejerció en el programa (10 mil 584 millones 900 mil pesos), esto significa que los gastos de operación para otorgar precios de garantía representaron al Estado una tercera parte de los subsidios totales entregados, lo cual podría repercutir en el cumplimiento del objetivo del programa”.
Por todas las anomalías, se emitieron 14 Recomendaciones al Desempeño, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatoria por tres irregularidades detectadas.
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