Evitar quiebra de empresas pide poder judicial

Con más de un millón de empresas cerradas por la pandemia del SARS-CoV-2, una diminuta parte de los negocios o corporaciones recurrieron a la protección legal para evitar su desmantelamiento por parte de los acreedores, como lo hicieron la cadena de tiendas Famsa o la aerolínea Interjet.

En ese escenario, uno de los brazos especializados del Poder Judicial de la Federación instó al Poder Ejecutivo a evitar una ola de quiebras de las “generadoras de riqueza y empleo en el país”, con apoyos fiscales y económicos.

“A nivel mundial, hemos visto en otras jurisdicciones (países) ciertos apoyos del Poder Ejecutivo en términos de condonación de impuestos o a través de apoyos económicos. Situación que desconozco de cómo esté llevando la política el Poder Ejecutivo (en México) al día de hoy”, respondió a pregunta expresa de ejecentral, el director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), Edgar Bonilla.

La pregunta fue “¿qué se requiere hacer de manera urgente para evitar la quiebra de empresas?” ante la peor recesión económica que vivió la economía mexicana en los últimos ocho trimestres del gobierno de López Obrador, situación que se agravó con la pandemia del coronavirus.

Bonilla además sugirió que el Poder Legislativo también debe hacer modificaciones a la Ley de Concursos Mercantiles, ordenamiento que entró en vigor en mayo de 2000, y sustituyó a la antigua Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos (vigente desde 1947), la cual permitió a Altos Hornos de México (AHMSA) a mantenerse sin pagar un sólo peso a sus acreedores por más de 17 años.

Si bien en lo que va del año, ya hay 19 empresas en concurso mercantil, lo que representa un incremento de 50% respecto al año pasado, un número que despierta las alarmas es que en el mismo periodo se han rechazado 50 solicitudes de ayuda judicial para la reestructura de deudas.

Además, como tercera propuesta para evitar el cierre de empresas, Bonilla comentó que el Poder Judicial requiere de tribunales especializados en materia concursal para acelerar el proceso de reestructura de las deudas de las empresas de manera ordenada frente a sus acreedores.

Con los datos operativos del Ifecom, se evidencia la urgencia de que los tres poderes de la nación actúen en materia para apoyar la reestructura financiera de las empresas. Esto como lo hace el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, donde por ejemplo el mayor operador de aerolíneas en México, Grupo Aeroméxico, se acogió desde el año pasado.

Pobres números

Según el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 (EDN) del Inegi, hasta agosto del año pasado, más de un millón establecimientos cerraron sus puertas definitivamente. Este número contrasta con las 32 solicitudes de concurso mercantil que aprobaron los jueces federales en ese año.

Incluso, si bien el director del Ifecom señala que en lo que va de 2021 se incrementó ya un 50% el número de casos aprobados por los jueces, con 19 aceptaciones, el número es mínimo frente al número de compañías en el país.

“Tenemos un incremento respecto del año pasado cuando tuvimos 32 solicitudes de concursos mercantiles en todo el año. Esto más o menos viene con el promedio de años anteriores, con 35 concursos. En lo que va de 2021, ya entrado al segundo trimestre del año, tenemos 19 concursos mercantiles, ya son más de 50% de lo que tuvimos el año pasado”, detalló Edgar Bonilla.

Según el Censo Económico 2019, en México había 6.27 millones de empresas, con 35.46 millones de trabajadores. Del total de establecimientos, 9.0% eran micro y pequeños negocios y había 50 mil 154 empresas medianas (con 51 a 250 empleados) y 12 mil 539 grandes (con más de 251 empleados). Sin embargo, los números de México palidecen frente a una comparación internacional.

El concurso mercantil en “México es una herramienta que no se ha utilizado históricamente por muchos años. En el 2000, que es cuando se publicó la ley, a la fecha tenemos casi 900 asuntos de concurso mercantil en 20 años. Sin compararnos con Estados Unidos, pero con un país como España en su último trimestre de 2019 tenía más de 25 mil procesos de insolvencia”, advirtió el funcionario federal.

Y subrayó: “Es un comparativo fuerte. Fueron 25 mil casos en España en un solo trimestre, contra 900 casos en 20 años en México”.

Propuestas austeras

México es el país con menores apoyos fiscales y económicos a las empresas y a las familias para solventar el impacto del coronavirus en el mundo, con alrededor de 1.0% del PIB, frente a un 12% de Brasil o más del 40% de Alemania, según reportó la calificadora Moody’s, a principios de año.

Por ello, Bonilla dijo desconocer si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una política de apoyo para evitar el cierre de más empresas, como lo reportado por el Inegi. “La parte del ejecutivo que tiene que ver el costo contra el presupuesto de la federación para otorgar beneficios fiscales, el fisco dejará de recaudar el monto que tengan pensado dar. Si dan apoyos económicos, también será contra el presupuesto. Entonces dependerá de qué tantos apoyo se quieran dar”, comentó.

Sin embargo, advirtió que los cambios a la Ley de Concursos Mercantiles por parte del Poder Legislativo, no requiere recursos adicionales.

“La función legislativa no tiene costo. Simplemente que los legisladores analicen y hagan una revisión de derecho comparado a nivel mundial. Eso no tiene ningún costo en términos económicos”, dijo en referencia a un concepto o modelo utilizado en otros países como el “automatic stay (suspensión automática) o solicitud de concurso inmediato, que es cuando la empresa solicita al juez el concurso y se da de manera inmediata sin mayor dilación y con medidas precautorias”.

Lo anterior en México podría requerir hasta dos semanas. Incluso, esa situación ha generado que en lo que va del año se hayan rechazado 50 solicitudes de concurso mercantil. Ese número, si bien no tiene comparativo porque anteriormente no se contabilizaba, el número de empresas en protección judicial sería de 69 compañías, lo cual igualaría el número del máximo histórico que se reportó en 2014. Lo anterior contrasta porque apenas van cinco meses del año.

Dentro de los cambios que tendría que hacer el Congreso a la Ley es hacerla más asequible a las empresas de menor tamaño. “Lo malo de la ley es que está diseñada para compañías medianas y grandes, porque tiene un costo que podría ser elevado para las micro y pequeñas empresas. Tiene un costo que es un depósito, una garantía financiera. Más o menos son 150 mil pesos, aunque no parece un monto importante, algunas empresas no pueden costearlo”, comentó el directivo.

Además, instó a los empresarios mexicanos a dejar ese falso estigma corporativo de que si una empresa se acoge al concurso mercantil es un “fracaso” porque se cree que irá directo a la quiebra.

Por ello, instó al poder Ejecutivo y Legislativo a impulsar mejor la ley porque es la “ herramienta idónea en México para reestructurar adeudos y poder proteger a las empresas de que no cierren en manera definitiva y así dejen de generar riqueza y empleo” en el país.