Pastores y congregantes evangélicos de diferentes iglesias han sido asesinados o secuestrados en los últimos seis meses por grupos delincuenciales. Y eso no es todo, también comenzaron a cobrarles derecho de piso para que puedan seguir realizando sus actividades y cultos. Los casos han ido creciendo y agravándose, y la comunidad tiene miedo.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Icela Rodríguez en diciembre invitó a la jerarquía evangélica para que las iglesias hicieran denuncias anónimas, ya que no se atreven a hacerlo personalmente ni siquiera institucionalmente.
›El último caso conocido se dio el pasado jueves 12 de enero, cuando un grupo de al menos cinco personas armadas secuestraron al líder de la Iglesia Nacional Presbiteriana, Mario Salinas Valentín, en la comunidad de El Ciruelo en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Un día después fue encontrado muerto en los límites de esa entidad con el estado de Guerrero, sin que hasta el momento se conozcan datos de las investigaciones, las razones y los responsables.
La madrugada del jueves 24 de noviembre de 2022, en la Ciudad de México fue asesinado en un templo de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, alcaldía Gustavo A. Madero, el pastor Efrén Martínez Ruiz, en un intento de asalto.
Fue amarrado junto con su hija y su esposa, quienes lograron escapar y denunciaron los hechos a personal de la Policía de Investigación que, lejos de esclarecer los hechos, les robaron 30 mil pesos que guardaban en la Iglesia.
En las entidades de Guerrero, Sonora, Veracruz, Tlaxcala y Nayarit, se tienen reportes de al menos seis secuestros de líderes y Ministros de Culto, a quienes diferentes grupos del narcotráfico y delincuencia organizada han privado de su libertad, dos de ellos de manera exprés.
Sin dar los nombres reales, “por temor a represalias y a entorpecer las investigaciones”, los familiares directos de los religiosos sólo confirman lo que en sus congregaciones es perfectamente conocido.
En las dos primeras entidades los pastores “David” y “Abner” fueron secuestrados en diciembre. Familiares del guerrerense debieron pagar 60 mil pesos, mientras que en el municipio sonorense de Caborca “Abner” debió pagar 30 mil pesos (como pago único) a un grupo armado, por concepto de “derecho de piso”, para permitirle continuar realizando cultos. En ambos casos no hay denuncia.
En Veracruz, la hija mayor del pastor “Adelfo” fue secuestrada por presuntos narcotraficantes que exigieron una cantidad que la familia no pudo reunir, por lo que solicitaron apoyo a su congregación. Al pago de la misma dos días después la joven fue dejada en libertad tras una negociación en la que decidieron no interviniera ninguna autoridad.
Los casos continúan. En Tlaxcala y Nayarit, bajo el mismo modus operandi, una líder y un coordinador regional de una de las Iglesias más representativas también fueron extorsionados después de recibir amenazas, primero vía telefónica y después de manera presencial.
Por este contexto Rosa Icela Rodríguez se reunió con un grupo de pastores evangélicos el 22 de diciembre de 2021. En octubre del año pasado la secretaria también convocó a representantes de iglesias cristianas, y la funcionaria fue invitada a un festejo navideño con evangélicos.
En las reuniones se comprometió a investigar los casos de secuestro e instó a los pastores a hacer las denuncias de manera anónima, pero hasta eso tienen miedo, de acuerdo a distintas fuentes consultadas.
La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez invitó en diciembre a la jerarquía evangélica para que hicieran denuncias anónimas.
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