A poco más de dos años de que entrara en vigor el nuevo tratado comercial tripartita, México ha recibido varias peticiones de congresistas, empresarios e, incluso, la visita de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, y del encargado de la Oficina de Cambio Climático, Jonh Jerry, para solicitar cambios en la política energética que daña y menoscaba las inversiones de ese país.
Hoy, la Oficina de la embajadora Comercial Katherine Tai, hizo la solicitud de una solución de controversias al gobierno de México por medio del T-MEC.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó con “Uy, qué miedo”, y reprodujo en la conferencia mañanera la canción del mismo nombre interpretada por Chico Che.
El gobierno lopezobradorista tendrá que dar una solución que beneficie a la industria energética de los tres países.
La administración del presidente Joe Biden inició el mecanismo general de solución de controversias que se estableció en el Capítulo 31 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante las constantes violaciones al convenio y menoscabo de las empresas estadounidenses en el sector energético, al darle preferencia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A está solicitud se unió el gobierno de Canadá, ya que considera que sus intereses comerciales están de por medio. El Ministerio de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, a cargo de su titular Mary Ng, consideró que la política energética de México viola el T-MEC.
La Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente López Obrador no es anticonstitucional, pero sí va en contra de los estatutos del T-MEC que fueron aceptados con anterioridad.
El mandatario mexicano ha impuesto una directriz de primero la soberanía energética, lo que ha perjudicado las inversiones extranjeras en el mercado eléctrico y de hidrocarburos, señalan los quejosos.
No obstante, la administración del Presidente mexicano fundamenta que las decisiones están basadas en el capítulo 27, anticorrupción, que tiene como objetivo combatir las prácticas y actos de corrupción que pueden afectar los flujos de comercio e inversión entre las partes.
Ahora, la administración morenista cuenta con 75 días naturales a partir de hoy para dar una solución, de lo contrario, Estados Unidos estará en su derecho de exigir un panel de controversias que resuelva de manera imparcial este conflicto.
Ese país podría aplicar medidas drásticas en otros rubros o imponer aranceles que puedan frenar la actividad de industrias mexicanas de no ceder o llegar a un arreglo con el gobierno de México.
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, deberá de tomar el control ante el embate estadounidense y alinear las peticiones al marco legal del tratado comercial y estará obligada a darle solución o establecer una estrategia de evasión si es necesaria.
México tiene hasta el 3 de octubre para solucionar el conflicto de acuerdo con el calendario antes de que Estados Unidos solicite el panel de solución de controversias, de ser así, el panel recibirá las pruebas y discutirá el asunto por aproximadamente seis o siete meses.
México y Canadá tienen un frente común en contra Estados Unidos en materia de interpretación de origen en la fabricación de autos y se ha pedido el establecimiento de un panel de solución de controversias, aunque las propias autoridades no han mencionado nada aún porque están obligadas a la confidencialidad mientras se resuelve.
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