Estados Unidos ha rechazado las reiteradas solicitudes de México para asistir la investigación que realiza sobre el uso del programa espía Pegasus en contra de periodistas y activistas, pues consideran que la administración de Enrique Peña Nieto solo busca sumar a funcionarios estadounidenses para encubrir y legitimar una “indagatoria simulada” revela The New York Times (NYT). Tras la publicación de la investigación, donde se evidencia el uso del software adquirido por el gobierno mexicano y que solo debería ser utilizado en la lucha contra el crimen y el terrorismo, para espiar a civiles y políticos de oposición, Peña ordenó una investigación federal sobre el mal uso del programa y su gobierno externó solicitudes de apoyo al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, oficiales de alto rango de EU dijeron que, después de analizar la solicitud, los funcionarios de ese país decidieron no involucrarse al estar dudosos de que Peña realmente quiera resolver el caso, ya que indagarlo a fondo podría comprometer a algunos de los más importantes funcionarios de su gestión.
Asimismo, externaron su preocupación en el hecho de que, al buscar la participación del gobierno de EU, el México trate dotarla de credibilidad. El programa espía Pegasus, desarrollado por una empresa israelí, ocupa una tecnología que sólo está autorizada para ser utilizada para monitorear terroristas y criminales, sin embargo, el gobierno mexicano sobrepasó esos límites.
La investigación no avanza
Después de seis meses de que se puso al descubierto este espionaje, los abogados de las víctimas han mencionado que la investigación se ha estancado, esto aunado a que los funcionarios implicados no han rendido declaraciones ni han sido investigados; sin embargo, el gobierno mexicano asegura que está por “agotar todas las líneas de investigación”. De igual manera, aseveraron que han estado trabajando en conjunto con los integrantes de Citizen Lab -los analistas forenses que descubrieron que dicho programa estaba instalado en los software de los celulares de las personas espiadas, que permitía acceder a llamadas, mensajes de texto, correos, contactos, cámara y micrófonos. No obstante, John Scott-Railton, investigador sénior de Citizen Lab niega tales declaraciones, pues señala que “es una declaración sorpresiva, pues hemos tenido solo una reunión con ellos y no hemos recibido un contacto adicional”, apuntó. Las defensas de las personas que fueron violentadas con dicho espionaje señalan que ni siquiera se han identificado a los funcionarios implicados, ni han revisado los servidores desde los cuales se efectuaba el espionaje. “Lo más probable es que los actores políticos que usaron este software están frenando la investigación para que no progrese”, dijo Mario Ignacio Álvarez, exsubprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR). Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad descubrió vínculos entre un trabajador de la PGR y la empresa que le vendió el software, lo que demuestra la falta de rigurosidad, pues la misma Procuraduría es la que está llevando el caso. Los abogados también señalan que el gobierno mexicano ha puesto muchas trabas para avanzar con la indagatoria, tales como no poder dar seguimiento a quienes fueron los blancos, además, insisten en que necesitan los teléfonos de las víctimas, además de que la mayoría de los documentos se encuentran bajo reserva por seguridad nacional. AT/ ES DE INTERÉS Pegasus se usa para investigar a criminales: Osorio Gobierno mexicano en la mira de la prensa por ciberespionaje
