EU reimpone sanciones a Venezuela
Estas medidas son el comienzo de una nueva estrategia que pretende frenar las operaciones de Irán en ese país, pero que afectará a empresas estadounidenses y españolas
Las tensiones y desconfianza entre Estados Unidos y Venezuela regresaron y se acentuaron, y con ello se cerró por ahora la puerta para el diálogo. La razón, el que la semana pasada el Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, una mujer que según los informes estadounidenses tenía verdaderas posibilidades de quitar el poder a Nicolás Maduro en las próximas elecciones.
La primera reacción del gobierno estadounidense llegó este lunes a través del Departamento del Tesoro, al imponer sanciones al sector minero.
Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del país del norte, toda empresa estadounidense que negocie con la compañía estatal Minerven tiene hasta el 13 de febrero para “cerrar transacciones” con la misma.
Ya en 2019 había sido sancionada esta empresa por el Departamento del Tesoro; pero en 2023, ante la garantía ofrecida por el gobierno de Venezuela de respetar el proceso electoral, tras los llamados Acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana, las sanciones se relajaron.
Ahora, el mensaje desde el gobierno estadounidense tiene mayor alcance y se anuncian como el preludio de otras sanciones dirigidas a operaciones de Irán en Venezuela, país que según las agencias estadounidenses están aprovechando todos los minerales para construir Armas y aumentar su riqueza; y al mismo tiempo financian al gobierno de Maduro.
Un dato interesante es que el Departamento del Tesoro tiene en la mira a varias empresas que, además de las estadounidenses, se están beneficiando de los minerales venezolanos y algunas de ellas son de origen español.
DATO:
María Corina Machado, fue elegida como la candidata de unidad de la oposición y fue inhabilitada en junio por la Contraloría General de Venezuela para postularse a cargos de elección popular durante 15 años, resolución que confirmó la semana pasada el Tribunal Superior venezolano.
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