Ante la inacción del gobierno mexicano para solucionar los conflictos en materia energética con empresas estadounidenses, las autoridades de la administración de Joe Biden preparan una ofensiva por medio de los mecanismos instaurados en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una medida desesperada después de numerosos encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir se respeten los cambios constitucionales del año 2013 y que atrajeron la inversión de empresas extranjeras al mercado energético de nuestro país.
Al respecto, la Oficina de la representante del Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, está preparando la solicitud para una resolución de disputas con México por el mercado energético, ya que ciertas medidas socavan a las empresas de su país, amparado bajo el T-MEC, por lo que el gobierno tendrá que dar una respuesta.
De no llegar a un acuerdo que favorezca a ambos países, Estados Unidos tendrá la oportunidad de exigir un panel, el cual decidirá cómo debe de interpretarse y distribuirse el mercado, aún con la negativa del presidente López Obrador. En el capítulo 26 del T-MEC se establece el objetivo de incrementar la producción y la competitividad de los países de la región, lo que no está sucediendo, al parecer de los afectados.
En abril pasado, en la Cámara de Diputados se discutió la Ley Eléctrica que proponía la administración morenista y le otorgaba 56% del mercado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual fue frenada por la oposición Va por México, formada por PAN, PRI y PRD, no obstante, las leyes secundarias que no necesitaban una reforma constitucional le otorgaron poder y preferencia a la paraestatal sobre sus competidores privados y las energías limpias que ellos ofrecen.
Las firmas energéticas estadounidenses han exigido a su gobierno que intervenga ante los abusos y marginación a los que han sido expuestos por la administración mexicana dando la preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a costa de mayores costos para los usuarios.
En este año, John Kerry, encargado de la Oficina de la Casa Blanca para el Cambio Climático, visitó dos veces al presidente Andrés Manuel López Obrador antes de darse la discusión en el Congreso sobre la reforma. Asimismo, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, acudió a Palacio Nacional para exigir que se frenará la reforma eléctrica; los esfuerzos de ambos ministros fueron infructuosos, ya que ésta fue enviada ante los legisladores.
A esas visitas, el mandatario mexicano aseguró que fueron encuentros amigables y respetuosos, y que se les explicó que el fin era recuperar la soberanía energética; sin embargo, los comunicados de ambas oficinas estadounidenses después de los encuentros indicaron que se le había pedido al presidente frenar la reforma porque dañaba las inversiones y favorecía las energías sucias.
México también ha exigido mecanismos de solución de controversias; pero no ha llegado a un acuerdo amistoso en primera instancia sobre la interpretación de las reglas de origen de los automóviles, por lo que pidió un panel de solución, que no se ha ejecutado.
