La Oficina Comercial de Estados Unidos comandada por Katherine Tai emitió por primera vez una solicitud para invocar el primer panel de mecanismo laboral bajo el T-MEC, por un conflicto en la mina San Martín, propiedad de Grupo México.
De acuerdo al documento oficial, la solicitud nace de que las autoridades mexicanas y estadounidenses, al amparo del mecanismo de respuesta rápida ante una violación de los derechos laborales de los trabajadores mineros fueron violentados por la empresa al reanudar las operaciones cuando existía una huelga legal, por lo que se invocaron de buena fe los mecanismos de respuesta rápida.
Sin embargo, Estados Unidos y México no pudieron llegar a un acuerdo en este asunto dentro de los 45 días que se contemplan, a pesar de haber trabajado de manera cooperativa para abordar las violaciones de los derechos laborales.
Así, el desacuerdo subió al siguiente escaño en las soluciones de los conflictos laborales, que es un panel que permita resolver la situación de manera imparcial. El panel está conformado por tres árbitros independientes e imparciales expertos en temas laborales bajo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), quienes podrán solicitar una visita al centro de trabajo en conflicto que permita tener mayor evidencia para dirimir la controversia. Las sanciones pueden ir desde la imposición de aranceles hasta el bloqueo a la importación.
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La mina San Martín produce plomo, zinc y cobre, se ubica en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, y el pasado 16 de junio, ante una queja que se levantó el 15 de mayo ante autoridades estadounidenses, la dependencia comercial pidió a México revisara que a los mineros se les negaban sus derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. Las autoridades mexicanas determinaron que no encontraron que existiera una denegación de derechos.
Tras agotar los eslabones del mecanismo de respuesta, y como una medida cautelar, Tai ordenó al Departamento del Tesoro que suspendiera la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías desde la instalación de San Martín, como una medida de presión. Esa suspensión sigue vigente.
Las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STPS), encargadas de este tema respondieron que no se dio solución a la petición del gobierno estadounidense porque el mecanismo de respuesta no aplica para este hecho.
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