La política antidrogas del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluidos los posicionamientos de su gobierno respecto al combate a los cárteles, podrían ser sometidos a evaluación del Congreso de Estados Unidos para determinar si el país está comprometido en la lucha contra las mafias o es un obstáculo en la estrategia de Washington contra el tráfico de enervantes, principalmente el fentanilo.
Así lo plantea el proyecto de ley que este miércoles presentaron los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy para considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y que contempla una serie de medidas extraterritoriales para cerrar el paso a las bandas responsables de introducir a Estados Unidos fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína y que causa más de 250 muertes diarias por sobredosis.
En la sección 4 de la iniciativa, donde se establecen los pasos a seguir para implementar la estrategia internacional de combate a los cárteles mexicanos, se plantea la creación de un “grupo de trabajo” que, entre otras funciones, deberá entregar al Congreso de Estados Unidos un informe detallado sobre “cualquier política, ley o posición de gobierno que impida que Estados Unidos logre la meta de erradicar los cárteles mexicanos y las organizaciones criminales transnacionales, o detener el flujo de sustancias controladas hacia los Estados Unidos”.
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Si bien el texto no cita por su nombre al presidente o al gobierno mexicanos, tanto legisladores republicanos que empujan la iniciativa, como funcionarios de la administración del presidente Joe Biden —como el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas— han sido reiterativos en que México no está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles y hasta han asegurado que las bandas del narcotráfico dominan partes del territorio nacional.
“Francamente, la administración de López Obrador no está haciendo lo suficiente para trabajar junto con nosotros en este problema que compartimos, lamentablemente. Dada la gravedad de estos desafíos, existe una clara necesidad de actuar”, dijo la semana pasada el senador John Cornyn, uno de los impulsores de la iniciativa de Graham y Kennedy, y cabeza de una comisión de legisladores estadounidenses que el pasado 19 de marzo se reunió en México con López Obrador.
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