El titular del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su siglas en inglés), Tom Vilsack, dijo que su país está “decepcionado” por el decreto presidencial publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación en el que si bien aplaza la prohibición de comprar maíz transgénico para consumo animal y usos industriales, también impide a las dependencias de gobierno la adquisición para consumo humano.
Según el portal especializado Agri-pulse, Estados Unidos es el principal proveedor de maíz de México, “y casi todo es genéticamente modificado”. Datos del USDA muestran que Estados Unidos envía a México alrededor de 1.6 millones de toneladas anuales de maíz blanco, el que se usa para consumo humano, sobre todo como harina para hacer tortillas.
Esta cantidad es poco más del 10% de las 15.4 millones de toneladas de maíz que México compró a Estados Unidos en 2022.
Según la agencia Reuters, Vilsack dijo que Estados Unidos “cree y se adhiere a un sistema de comercio basado en la ciencia y las reglas”, en probable referencia a que la semana pasada Doug McKalip, negociador jefe en comercio agrícola de la Representación Comercial de EU (USTR), hizo pública la solicitud de que se dieran a conocer las razones científicas que tiene México para prohibir la compra de maíz transgénico.
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En noviembre del año pasado, Vilsack tuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la cual señaló en un comunicado que la intención de eliminar la importación de maíz biotecnológico “tiene el potencial para interrumpir sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos”.
También señaló que “en ausencia de una resolución aceptable del problema, el gobierno de EU se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos legales en virtud del T-MEC”.
Por su parte, la USTR señaló el pasado 23 de enero que, además de los daños a ambos países, la prohibición amenazaba con “interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola bilateral” y “reprimir importantes innovaciones necesarias para ayudar a los productores a responder a los apremiantes desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”.
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