El gobierno de Estados Unidos planea lanzar en los próximos meses un programa destinado a elevar la capacidad de las Fuerzas Armadas de México para hacer frente a los grupos criminales.
La estrategia, que será instrumentada por el Departamento de Defensa, incluye un análisis sobre los obstáculos que ha impuesto el gobierno mexicano para combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo.
El proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2024, que en este momento es analizado por el Congreso, incluye un apartado en el que se le pide al jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y al secretario de Estado, Antony Blinken elaborar, a más tardar en 180 días, “un programa piloto para evaluar la factibilidad y conveniencia elevar la capacitación de las Fuerzas Armadas de México en los Estados Unidos” con el objetivo de contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales.
Visualizado para durar cinco años, el programa piloto constaría de “operaciones diseñadas, al menos en parte, por los Estados Unidos para contrarrestar esa amenaza” y se elaboraría “en consulta con las agencias gubernamentales civiles apropiadas que se especializan en contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales”.
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El programa del Pentágono se anuncia en un momento tenso entre el gobierno de Joe Biden y los legisladores republicanos, que han lanzado una serie de iniciativas para reforzar la lucha contra los cárteles mexicanos, incluido el despliegue de fuerzas militares e hipotéticas incursiones en suelo mexicano.
El proyecto de ley también instruye al secretario Llyod Austin a “buscar el mejoramiento de la cooperación con los funcionarios de Defensa del gobierno de México para atacar, interrumpir y degradar organizaciones criminales transnacionales dentro de México que trafican fentanilo”.
Según la iniciativa, “el secretario de Defensa deberá presentar a los comités del Congreso apropiados un informe sobre los esfuerzos para mejorar la cooperación con los funcionarios de Defensa del gobierno de México”.
El documento deberá incluir, entre otros rubros, una evaluación del impacto de los esfuerzos para mejorar la cooperación, así como “una descripción de las limitaciones a tales esfuerzos, incluidas las limitaciones impuestas por el gobierno de México”.
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