La crisis por el fentanilo ha provocado que el Congreso de Estados Unidos analice retener los recursos económicos destinados al reforzamiento del Estado de derecho, la protección a los derechos humanos y el combate a la delincuencia organizada, si el gobierno de México no da muestras de estar comprometido con el combate al mortal opioide.
En el marco de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el Capitolio divulgó un documento en el que se detallan las previsiones sobre los apoyos económicos que otorgará el gobierno de Joe Biden a los países de América Latina en 2024 para reducir los flujos migratorios, combatir la violencia y promover el desarrollo.
En el caso de México, la Casa Blanca propuso otorgar a México 111.4 millones de dólares el próximo año, de los cuales 60.7 millones forman parte del Fondo de Apoyo Económico, 48 millones son para Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, un millón para actividades antiterroristas y 1.7 para entrenamiento militar internacional.
El proyecto HR-4665 (Ley de Asignaciones del Departamento de Estado y Operaciones Extranjeras) solicita al Departamento de Estado retener el 15% de la asistencia de seguridad internacional (unos 16 millones de dólares) “hasta que el secretario certifique que el gobierno mexicano ha tomado medidas para reducir la cantidad de fentanilo que llega a los Estados Unidos y para desmantelar organizaciones criminales transnacionales.
El proyecto de ley, modificado por la Cámara y pendiente de aprobación definitiva, también prohibiría el gasto de asistencia del Fondo de Apoyo Económico (60.7 millones de dólares) si México no da muestras de combatir a las organizaciones criminales.
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A su vez, el proyecto HR-118-146 (Ley de Apropiaciones Estatales y Operaciones Extranjeras) ordena al Departamento de Estado y a USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) “priorizar actividades de asistencia en México que fortalezcan la capacidad de las instituciones judiciales y de seguridad mexicanas para combatir el crimen, especialmente el crimen asociado con el fentanilo”.
Finalmente, el proyecto S-2438 (ajustes a la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado y Operaciones Extranjeras) contempla prohibir la obligación de asistencia del INCLE (Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, con 48 millones de dólares), al gobierno mexicano “hasta que el secretario de Estado presente un informe a los Comités de Asignaciones que evalúe en qué medida durante los últimos dos años el gobierno mexicano ha apoyado operaciones antinarcóticos conjuntas, el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, los esfuerzos para derrotar a las organizaciones criminales transnacionales en México y la extradición de criminales buscados por Estados Unidos”.
La distribución y consumo de fentanilo se ha convertido en un problema de salud pública y de seguridad pública de gran envergadura en Estados Unidos, pues la droga (considerada un arma de destrucción masiva) es responsable de hasta 100 mil muertes al año por sobredosis.
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