Este país es muy extraño en sus comportamientos. Es contradictorio e inconsistente, pero sobre todo, cualquiera puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas ni sufrir las consecuencias. Pocos casos ayudan a comprender mejor la irracionalidad de muchas facetas de la vida pública mexicana que el de Jorge Bernal Reyes, candidato de la coalición Morena, PT y Encuentro Social a la presidencia municipal de Chignahuapan, en Puebla. Bernal Reyes, según sus patrocinadores, es la mejor carta que tienen para ganar la alcaldía, al cual llegó después de pedir una licencia al Poder Judicial en febrero. El candidato era hasta entonces secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, donde se lleva el caso de Elba Esther Gordillo, y fue pieza fundamental para, como quería el gobierno, mantenerla en la cárcel. ¿Cómo explica el verdugo de la PGR contra la maestra que ahora sea candidato de una coalición que está políticamente cerca de ella? No lo explica. Después de todo, ¿a quién le importan las incongruencias en este país? Bernal Reyes era el abogado detrás de las decisiones del juez Alejandro Caballero Vértiz, que convirtieron a Gordillo en una prisionera política del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En este espacio se argumentó en enero de 2015 el porqué la maestra podría ser considerada una prisionera política. Su expediente mostraba un alto número de fallas, omisiones y errores que parecían grotescos, como, por ejemplo, aparecieron en el pliego de consignación para ejercer la acción penal en su contra. Los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria y de la PGR fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, un día después del pliego de consignación. Otra aberración fue que la querella fue firmada por Alonso Israel Lira Salas, director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que acreditó la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda el 14 de febrero de 2013. El problema fue la averiguación previa que tenía fecha del 13 de febrero de 2013, un día antes de acreditarse esa representatividad legal. Esta anomalía, en sí mismo, hubiera sido motivo de anulación del proceso en un país donde se respetan las leyes. No fue así en el proceso contra la maestra, cuyo expediente, adicionalmente, fue tomado de manera irregular cuando llegó al Juzgado, según las fuentes judiciales, Bernal Reyes. Bernal Reyes, sin embargo, no actuó solo. De acuerdo con fuentes judiciales que han comenzado a hablar sobre las presiones políticas del gobierno al Poder Judicial, otra figura importante en la estrategia para forzar las leyes en contra de Gordillo es Silvia Carrasco Corona, magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que sistemáticamente ha fallado a favor de la PGR en amparos para evitar que salga la maestra libre. De todos los delitos por los que originalmente la acusaron, todas las causas de defraudación fiscal fueron desechadas en tribunales que, dijeron las fuentes judiciales, no están bajo el control de la PGR. Pero en los delitos por delincuencia organizada y lavado de dinero, la defensa de la maestra se enfrentó con Carrasco Corona. En el primer amparo que solicitó la PGR, la magistrada resolvió a favor del gobierno con el argumento que no de requería una querella. La defensa peleó ese fallo y la magistrada lo modificó posteriormente a que el delito de lavado de dinero no requería la existencia de un delito previo, lo que confrontó la defensa de Gordillo con la Convención de Palermo, que contradice el criterio de Carrasco Corona. La defensa de Gordillo inició en otra instancia, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, una acción de sobreisimiento donde establece que si el sindicato de maestros autorizó los delitos supuestos no puede haber delito, para darle la vuelta a las irregularidades en el manejo de Carrasco Corona sobre el supuesto del delito de lavado de dinero. La injerencia de la PGR en el Poder Judicial ha provocado el alargamiento del proceso contra Gordillo mediante triquiñuelas jurídicas, que según fuentes judiciales, involucra varios niveles del Poder Judicial, apoyando a los distintos tribunales en la lucha jurídica contra Gordillo. Una de las personas señaladas como parte de esta red de apoyo es la consejera de la Judicatura Federal, Martha María Hernández, vehículo de influencia para ir colocando al frente de la decisión de los procesos a jueces y magistrados que actúan en coordinación de la PGR. A quien ha expresado un punto de vista independiente, lo han removido, como fue el caso de Horacio Hernández Orozco y Reynaldo Manuel Reyes Rosas, magistrados del Quinto Tribunal Colegiado, quienes votaron en contra del dictamen de Carrasco Corona en el caso del delito de lavado, y fueron enviados a otros tribunales. La colaboración de jueces y magistrados con la PGR, no ha llegado a los niveles de Bernal Reyes, que es quien realmente llevaba la carga de trabajo por encima del juez Caballero Vértiz, y que pese a haber solicitado licencia para contender por una alcaldía arropado por Morena, el PT y Encuentro Social, mantiene injerencia e influencia en los acuerdos que se dictan contra la maestra. Las contradicciones que en él se unen no parecen significativas para el gobierno. Lo importante es dilatar el proceso contra Gordillo y bloqueando a la defensa. A la coalición tampoco parece interesarle que sea clave en el entramado contra la maestra. O quizás, no se han dado cuenta de a quién seleccionaron como candidato en Puebla.
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