La reunión de gabinetes de seguridad entre México y Estados Unidos que se llevará a cabo hoy en Washington, enfrentará al más débil gobierno mexicano, y con la mayor vulnerabilidad política ante sus contrapartes, al realizarse en un contexto de humillación para el Ejército y las fuerzas federales por la sumisión, por omisión, ante los cárteles de la droga. El hipertexto lo proveen los correos de la Secretaría de la Defensa hackeados por el grupo que se auto llama Guacamaya.
Son millones de mensajes extraídos de sus sistemas de seguridad, pero unos cuantos encontrados al azar en un inmenso volumen de 36 mil documentos, que son la primera puerta que abrió Guacamaya mientras se terminan de descargar los seis terabytes que ha proporcionado selectivamente, abrieron una ventana a la información sobre el crimen organizado.
El Ejército tiene el mapeo preciso de todos los cárteles de la droga, las bandas criminales que están asociadas a estas grandes organizaciones, las redes de protección institucional que incluye protección de gobernadores, la compra de alcaldes, diputados y regidores, sus sistemas de inteligencia para saber los pasos y planes de grupos de interés y sociales. Su inteligencia humana y tecnológica es vasta y sistemática.
Sin embargo, la violencia continúa creciendo en el país y los cárteles de la droga siguen ampliando sus territorios en lucha permanente por conquistar más. Es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es donde se ha registrado el mayor número de muertes en tiempos de paz, aunque se vive una especie de guerra civil entre criminales, donde el Estado Mexicano es, básicamente, testigo pasivo. Sólo de manera fortuita o extrema se han involucrado las fuerzas federales en una lucha donde, por instrucciones presidenciales, deben ser observadores y estar a la expectativa, pese a disponer de toda la información necesaria para impedirlo.
No hay mejor botón de muestra que lo que sucedió hace unos días en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, donde la primera línea de investigación de las autoridades federales señalan al líder de La Familia Michoacana en la entidad, José Alfredo Hurtado Olascoaga, La Fresa, como el responsable del asesinato del alcalde Conrado Mendoza, de su padre Juan Mendoza, que fue también edil, y de 18 personas más. Cuatro días después, el Ejército desplegó soldados y artillería pesada a esa zona en busca de los autores de la masacre.
Como ha sido el patrón sexenal, fueron reactivos, no activos.
La masacre, como muchas otras en el país, pudieron evitarse si, como demuestran los correos hackeados por Guacamaya, hubieran actuado conforme a lo que la ley le exige al gobierno federal.
La Fresa
debió sentirse tan impune, que sentado en un mullido sillón y vestido con ropa y reloj de lujo, grabó un video para YouTube donde pichó desinformación. Hurtado Olascoaga y su hermano Jhonny (sic), El Fish, que controlan esa región de Tierra Caliente, nunca habían dado la cara de esta manera. Ahora lo hacen porque deben estar seguros y confiados que el gobierno no los tocará.
Los correos hackeados mencionan al detalle a alcaldes y alcaldesas que protegen a delincuentes en Guerrero, sin que haya más justicia contra ellos que la que los propios criminales les aplican para dañar a sus enemigos. Igual pasa con el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde pese a tener conocimiento claro de quiénes son, dónde están o qué vínculos tienen con autoridades al más alto nivel estatal en algunas entidades, no se ha actuado contra sus líderes. La consecuencia ha sido que, como se vio en Jiquipilas, en la frontera de Chiapas con Oaxaca, estén desafiando abiertamente al Cártel de Sinaloa, que es el amo de las rutas de la droga en ese tramo del Pacífico mexicano.
Lo mismo puede decirse del mapa criminal que elaboró la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México sobre los grupos criminales que operan en la capital federal. Hasta hace muy poco era una especie de santuario para sus líderes y familias, y de almacenamiento y redistribución de drogas de los cárteles. Ya no. Las organizaciones criminales, pese a que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a contracorriente de la estrategia de su jefe político López Obrador, sí utiliza información de inteligencia de la Marina y realizan acciones conjuntas, para combatirlos, los están rebasándolo a niveles preocupantes. El sábado pasado, lo que nunca había sucedido, pasó: un convoy de criminales circulando en la alcaldía Milpa Alta.
Si saben que por la capacidad de vigilancia en las calles de la capital y el elevado número de fuerzas de seguridad locales y federales que se concentran en la Ciudad de México, un convoy no registrado puede ser detenido en un máximo de 90 segundos, ¿por qué lo hicieron? La impunidad es la variable en su desafío. ¿Y cómo no van a tener esa percepción si quien lo convierte en realidad es el propio presidente, que ante la menor crítica sostiene que no enfrentará a los criminales?
La autoridad policial o militar en México no es autoridad. Las humillaciones a soldados, a quienes metafóricamente tiene el presidente amarrados de las manos, son intolerables e inaceptables en cualquier país donde la ley sí es ley, y existe el Estado de Derecho. La estrategia de López Obrador era insostenible antes de Guacamaya, y se convierte hoy en un hándicap al conocerse el detalle de la información en manos del Ejército: todo lo sabían y nada hicieron.
Los cárteles avanzan en su expansión territorial y el trasiego de drogas crece. La preocupación de Estados Unidos es por el fentanilo que asesinó a más de 100 mil de sus ciudadanos el año pasado, y que mayoritariamente pasa por México, concentrándose el 76% de la exportación en Sinaloa, como demostró otro correo hackeado.
Desnudo estará el gabinete de seguridad mexicano ante el estadounidense, sin respuestas a sus preguntas, ni margen para resistir presiones. Los gritos de la guacamaya han resultado más sonoros que los pericos de Palacio Nacional.
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