Miguel Ángel Osorio Chong renunció a la Secretaría de Gobernación en enero de 2018 para preparar su candidatura al Senado, que parecía una estrategia de dos caminos: seguir activo políticamente, y blindarse para cualquier acción que el siguiente gobierno quisiera emprender en su contra. La victoria de Andrés Manuel López Obrador, un cruzado contra el pasado, lo ha hecho guardar un bajo perfil como coordinador de la bancada del PRI, colaborando pusilánimamente salvo en momentos excepcionales. Su docilidad, empero, fue gratuita. Frente a las irregularidades de su gestión en Bucareli, el fuego se le está acercando.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong absorbió la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la convirtió en un apéndice de Gobernación, de donde se deriva parte de los problemas de la violencia que se vive en el país por su mala gestión, al colapsar el aparato policial por la incompetencia de quienes puso al frente de él, y despilfarrar los recursos para el fortalecimiento de la Policía Federal, que ocultó al reclasificarlos presupuestalmente en el rubro de seguridad nacional.
Para no dejar ningún cabo suelto, designó como secretaria general de la Policía Federal a Frida Martínez Zamora, su directora de Recursos Humanos y Adquisiciones de la Oficialía Mayor en Hidalgo cuando fue gobernador, y llevó a la administración de Peña Nieto como jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN. Martínez Zamora, pareja cuando menos en ese entonces, de Luis Eduardo, hermano de Osorio Chong, fue la responsable del manejo de miles de millones de pesos recursos que se movieron en una caja negra, y que fue razón de quejas y denuncias desde el arranque del gobierno de López Obrador.
La molestia y crítica por la corrupción en compras de equipos que señaló desde febrero del año pasado López Obrador como una herencia maldita, también lo fue en la parte final del gobierno peñista. En la entrega-recepción del equipo de Osorio Chong al de su relevo, Alfonso Navarrete Prida, las cosas no fueron tersas, sino tensas, y en algunos casos, de choque. El más notable fue en la Oficialía Mayor que ocupaba Jorge Márquez, el principal operador político y financiero de Osorio Chong, a quien no le recibieron la oficina por un faltante de 20 mil millones de pesos. El sexenio terminó sin que se aclarara ese extravío, lo que subraya el tipo de conflicto que se vivió en la agonía del anterior gobierno por la opacidad.
La realidad finalmente alcanzó a Osorio Chong, quien este fin de semana pudo comprobar a través de la prensa que la pista de los desvíos de recursos presupuestales en Gobernación, tocó a su puerta por la vía de la solicitud de órdenes de aprehensión contra varios de sus colaboradores, donde sobresale Martínez Zamora, que ha sido como parte de su familia durante casi tres lustros, y quien es el escalón previo para llegar a Márquez, de quien dependía, no formal, pero sí para todos los efectos prácticos.
Las informaciones periodísticas –no desmentidas- tienen que ver con las investigaciones que durante más de un año ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2018, donde halló irregularidades en el ejercicio de recursos públicos de la Policía Federal por alrededor de mil 500 millones de pesos, y que están relacionadas principalmente con la partida presupuestal para Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que manejaba Zamora Martínez. En esa revisión aparecen tres contratos de los que no se tenía conocimiento hasta ahora:
1.- El pago de 170 millones de pesos por diversos equipos, sin que el proveedor cumpliera con la entrega de los equipos adquiridos.
2.- La inexistencia de documentación que soporte gastos de seguridad pública y nacional entregados por la Policía Federal a diversos funcionarios por 42 millones de pesos, donde tampoco se presentaron informes sobre los resultados de la operación o investigaciones realizadas por el personal de esa dependencia que recibió esos recursos.
3.- Irregularidades por 800 millones de pesos al no comprobar la Policía Federal que se llevaran a cabo servicios de patrullaje y vigilancia extraordinaria –que no se especifican- que fueron contratados –a un privado-.
La Auditoría Superior de la Federación encontró también un desvío de la Policía Federal por 500 millones de pesos a empresas extranjeras con quienes no se tenía contrato. El recurso fue solicitado para adquirir un sistema llamado “Solución Integral de Inteligencia de Monitoreo de Redes Sociales y Localización Inteligente”, que se compró sin tener un estudio de mercado y sin garantizar las mejores condiciones, que la ASF afirma estimó con un valor real de 20 millones.
Este fue uno de los primeros hallazgos que encontró la Auditoría Superior de la Federación, que provocó que en marzo de este año, Patricia Trujillo Mariel, que era la coordinadora operativa de la Guardia Nacional, fuera dada de baja. Trujillo Mariel era la jefa de la Policía Cibernética de la Policía Federal durante el gobierno de Peña Nieto, y la presunta responsable de haber adquirido a sobreprecio un programa de la empresa israelí Cyberglover LTD, mediante la Comercializadora Diozal, desde donde se dispersaron los recursos a empresas extranjeras ajenas al supuesto proveedor.
Son miles de millones de pesos los que están bailando y hundiendo al entorno más cercano de Osorio Chong, sobre quien hay investigaciones en curso en la Secretaría de la Función Pública que apuntan a un enriquecimiento inexplicable. Esto ya no va a parar. Una acusación penal está en su horizonte, pero dependerá si su círculo más íntimo, enfrentados con evidencias sobre su culpabilidad, se apega al criterio de oportunidad para evitar sanciones mayores, y comienza a hablar de qué tan arriba llegaron las órdenes para el desvío de dinero que supuestamente debía haberse utilizado en combatir criminales.
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