Si usted quiere hacerle un daño serio al país, es muy fácil. Asuma posturas violentas, sea beligerante, desafíe al presidente -incluso secuéstrelo por un par de horas-, grite, amenace, y esté dispuesto a llegar a los golpes con la autoridad. No se preocupe. Las fuerzas de seguridad van a recibir la orden de que permitan que los apaleen y el gobierno federal, como conclusión, no les va a hacer nada, sino los va a premiar. Pero eso sí, debe estar organizado para generar climas de ingobernabilidad, porque es la forma como puede aprovechar la incapacidad de un gobierno como el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El estudio de caso que puede ver como manual es Chiapas. Fíjese. El presidente designa a un candidato a gobernador que pertenece a su claque, en este caso el gobernador Rutilio Escandón, esposo de la número dos del SAT, Rosalinda López, hermana del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hijos de un respetado notario chiapaneco que en su juventud ayudó con casa y sustento a López Obrador. No importa lo incapaz que sea, como lo demuestran los hechos. Escandón dejó que seis organizaciones criminales, dos de ellas cárteles de las drogas de estatura internacional, se empezaran a pelear territorios y recursos naturales de valor estratégico, provocando inestabilidad en las comunidades indígenas.
En ese mismo estado desbordado por criminales se le agrega otro grupo social que no está orgánicamente integrado al narcotráfico, pero que al igual que esos delincuentes, provoca ingobernabilidad. Se trata de los maestros disidentes de la Coordinadora Magisterial la normal de Mactumactzá, a quien el gobierno de Escandón y la Secretaría de Educación Pública ofrecieron dinero y plazas, que la Secretaría de Hacienda rechazó porque no tiene dinero, por lo que llevaron su protesta al más alto nivel. No han logrado todavía todo lo que buscan, pero doblaron al gobierno y revigorizaron su lucha y mostraron el camino a los demás.
Durante meses, maestros y normalistas han presionado a los gobiernos estatal y federal. Sus acciones se desbordaron a mediados de mayo, cuando decenas de personas vinculadas a la normal de Mactumactzá y a la disidencia magisterial, tomaron la caseta de cobro de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, y se enfrentaron con las autoridades. Noventa y dos personas fueron acusadas por los delitos de robo con violencia, daños, motín, pandillerismo y agravios contra la sociedad, lo que provocó un conflicto en la izquierda social, cuyo líder es Andrés Manuel López Obrador y con quien jugaron para destruir con su estrategia de choque la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, que le allanó el camino a la Presidencia.
Inicialmente, la reacción fue diferente. Hubo una acción dura donde prevaleció la autoridad, y para evitar el problema político, se instalaron mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación, donde participaron autoridades federales y chiapanecas, y representantes de Concesionarias de Autopista del Sureste, la empresa que había resultado afectada. Se tenía prevista una reunión el viernes 27 de agosto, pero los abogados de los inculpados plantaron al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, al director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, Félix Santana -muy cercano al subsecretario Alejandro Encinas-, y a representantes de la jefa de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez, y de la secretaria general de Gobierno de Chiapas, Victoria Flores.
Ese mismo día, en Tuxtla Gutiérrez, maestros disidentes acorralaron más de dos horas al presidente Andrés Manuel López Obrador a unos cuantos metros de donde estaban los jefes de las Fuerzas Armadas y su gabinete de seguridad. Desde su camioneta inmovilizada, habló a la Ciudad de México para saber de qué se trataba y que solucionaran el embrollo. Le informaron que esa protesta estaba relacionada con el conflicto de la normal de Mactumactzá, pero tardó la solución, pues los siguientes dos días que estuvo el presidente de gira en el estado, fue detenido por los maestros disidentes, sin que la autoridad se hiciera presente.
El mensaje fue parecido al que dio el gobierno el 17 de octubre de 2019, cuando dejaron el libertad a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín
El Chapo
Guzmán, porque el operativo militar para capturarlo fue tan desastrosamente (o deliberadamente) mal planeado, que lo tuvieron que soltar ante una capacidad de fuerza inferior. Aquel día el gobierno claudicó ante el narcotráfico de manera pública, exponiendo su entrega, por omisión o comisión a los cárteles de la droga, y subrayando la ingobernabilidad que se vive en una tercera parte del país.
El 31 de agosto, en una acción insólita, a petición del Fiscal del Ministerio Público el juez de Control del Juzgado de Cintalapa en Chiapas, Juan Manuel García Flores, autorizó el desistimiento de la acción penal en contra de las 92 personas detenidas. Borrón y cuenta nueva con esta especie de amnistía
fast track
con repercusiones que no calcula el gobierno, más allá del chantaje en la toma de casetas, que de sí es grave. El año pasado, en Chiapas, hubo 72 que generaron pérdidas por más de 12 millones de pesos. En lo que va de este año, van 97 que rebasan esas pérdidas. Son miles de millones de pesos los que se pierden por estas tomas toleradas en lo que era la vieja cuenca del descontento que ahora es de la impunidad, afectando la cadena de suministros.
Traducido al ejercicio de gobierno, esas acciones reflejan la ausencia de autoridad, y se vuelven un absurdo cuando en lugar de enfrentar el fenómeno y mostrar solidez, se cede ante la fuerza. Narcotraficantes y maestros y normalistas son los dos polos de ingobernabilidad que revelan el deterioro en el tejido social y la demostración que el camino del bienestar es la violencia donde los más beligerantes, con armas o asaltos al poder, doblegan con relativa facilidad a un gobierno débil, por disfuncional e incapaz. No hay duda, estamos corriendo hacia el Estado fallido.
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