De nueva cuenta, Alejandro Gertz Manero está en el centro de la polémica por sus abusos y fracasos. Tres eventos en dos días lo marcan. Un juez aplazó la audiencia de Ricardo Anaya, donde lo iba a imputar la Fiscalía General, porque apenas en la víspera, le entregaron las mil fojas de la investigación en su contra; otro juez le ordenó abstenerse de juicios de valor y declaraciones con respecto a la presunta culpabilidad de Rosario Robles en la Estafa Maestra, porque viola el debido proceso, y citó a comparecer a 8 de los 31 científicos a los que persigue políticamente, y a quienes ha imputado en una acusación que no tiene destino.
El fiscal es como una papa caliente, y en el entorno cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador consideran que su autonomía -aunque relativa-, ha sido mal empleada. Nulos resultados por un lado, y por el otro, costos políticos para el presidente por la forma atrabancada y atrabiliaria con la que ha llevado los asuntos. Dentro del gabinete también hay división en torno a Gertz Manero, al pensar algunos secretarios que su salida debe ser inminente, y otros que estiman que se debe mantenerlo pese a los costos para López Obrador y los daños a la propia Fiscalía General. ¿Se convirtió Gertz Manero en un lastre? ¿Sigue siendo un activo?
El desgaste del fiscal al interior de Palacio Nacional tuvo como punto de inflexión la denuncia que presentó su familia política donde asegura que detrás de la persecución contra ella, está el ocultamiento de que su hermano, ya fallecido, fue su prestanombres en cuentas en paraísos fiscales panameños donde escondió ocho millones de dólares. El siguiente fue la persecución contra científicos y extrabajadores de Conacyt, que provocó una condena nacional e internacional contra López Obrador por el abuso de poder. Son demasiados los escándalos que se le han acumulado en un corto periodo de tiempo.
El papel de Gertz Manero ha provocado discusiones internas en las tres últimas semanas, pero el presidente ha sido refractario. López Obrador no está enojado con él, según ha trascendido, y lo único que le reclama es la falta de avance en la solución del caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El fiscal proclamó el fin de la “verdad histórica” que propuso el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ha resultado una bufonada. El elemento central de la investigación sobre la desaparición de los normalistas, aportada en el primer mes del crimen por la Fiscalía de Guerrero, que policías municipales en contubernio con
Guerreros Unidos, lo cometieron, se mantiene y se ha confirmado.
Lo único que ha cambiado es que en este gobierno el 75% de los presuntos responsables del crimen han sido liberados, y que el testigo estrella de Gertz Manero es Gildardo López Astudillo,
El Gil, quien era el jefe de plaza en Iguala de
Guerreros Unidos, quien ordenó eliminar a los normalistas, a quien exoneró de sus crímenes a cambio que le diga en dónde están los jóvenes que presumiblemente incineraron en diferentes ubicaciones.
El Gil
ha engatuzado al fiscal como Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, le ha estado tomando el pelo.
No hay caso importante que haya podido concluir con éxito Gertz Manero, y la joya de su corona, la multiacusación de Lozoya contra de ex funcionarios y políticos de oposición, está casi en punto muerto, pese a que en la oficina de Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Lozoya y su padre, Emilio Lozoya Thalman, y el equipo del fiscal, construyeron y manufacturaron acusaciones para poder emprender acciones penales ante la falta de evidencias.
El apoyo de López Obrador, no obstante, sigue siendo fuerte y no ha dejado de proteger al fiscal. Parte de ello es la instrucción a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, para frenar la investigación sobre la denuncia que presentó su familia política que ocho millones de dólares en tres cuentas en paraísos fiscales en el Caribe, son realmente de él. Nieto dará ese carpetazo, aunque incurra en el delito de omisión.
El presidente no quiere que Gertz Manero se debilite. Por instrucciones suyas, se comenzó a hablar con columnistas cercanos a su gobierno y aquellos que tienen bajo sueldo, para que dejen de criticar su falta de resultados. En paralelo, alineó a Nieto para que colabore con el fiscal general en las investigaciones contra Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposa Inés Gómez Mont y su hermano Alejandro, a quienes la Fiscalía acusa de delitos de delincuencia organizada.
Las acciones del presidente muestran que ve a Gertz Manero como un activo, no como lastre, y que las consideraciones que se llegaron a hacer sobre su relevo tras el escándalo por la persecución de los científicos, quedaron atrás por cuanto a él se refiere. Es tan importante el apoyo que le está proporcionando en estos momentos, pese a que el consenso en su entorno es que se vaya, que quien fuera el funcionario más cercano para los casos políticos, Nieto, ha sido contenido.
Las preocupaciones en el Palacio Nacional de que la autonomía ha sido llevada demasiado lejos por Gertz Manero, no pesan sobre el presidente, quien gusta de presumirla públicamente aunque sea relativa. El fiscal general es una escopeta hecha a la medida del presidente, y dispara en sintonía con las instrucciones que le suele dar López Obrador durante las mañaneras. No hay pudor ni recato. Cuando pide algo el presidente, el fiscal responde casi de inmediato. Gertz Manero le es altamente funcional al presidente, cuando menos por ahora, donde el tiempo no lo presiona para dar resultados ante la opinión pública sobre la cruzada contra la corrupción en la que se ha embarcado. Lo que aún no se ha dado cuenta López Obrador, pero lo descubrirá, es que el fiscal no es el activo que cree, sino un lastre que podría arrastrarlo junto con él.
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