Hay un rancho cerca de Toluca donde regularmente se reunían funcionarios de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Consejería Jurídica de la Presidencia, de las secretarías de la Defensa y de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, así como representantes del Poder Judicial. Comían, se divertían y cantaban, en un ejercicio de divertimento y camaradería, que seguía a una reunión de trabajo en donde enfocaban sobre qué organizaciones criminales e individuos en particular, iban a perseguir, neutralizar, desarticular, o a quiénes procesarían y llevarían a la cárcel. Oficialmente ese equipo no existía y es uno de los secretos más fuertemente guardados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese equipo lo llaman Grupo de Judicialización, y aunque no se le ha decretado la muerte, ha dejado de funcionar de la manera como lo hizo durante la primera parte del sexenio. El grupo fue una idea del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y fue adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, encabezado por personas de toda confianza del exfuncionario presidencial. La idea original era disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos trabajando en tándem con las áreas de inteligencia del gobierno y en coordinación con el Poder Judicial para poder tener toda la cadena de procuración y administración de justicia alineada para esos fines.
El objetivo primario del Grupo de Judicialización rápidamente se desinfló por la estrategia presidencial de no actuar de manera firme contra los cárteles de las drogas, y preferir una política de ojos ciegos a sus actividades pensando que al dejarlos de confrontar, la violencia disminuiría. El Presidente pensaba, de manera incorrecta, que el problema de consumo era exclusivo de Estados Unidos, mientras que la violencia, con armas estadounidense, era algo que tenían que pagar los mexicanos. Si bien la segunda parte del razonamiento era correcto, la primera no. Desde 1996, cuando cambió la forma de pago de los cárteles colombianos a los mexicanos de efectivo a especie, se crearon mercados de consumo en México, cuyo fenómeno, el narcomenudeo, es responsable de los mayores índices de violencia en el país.
Ante el poco interés presidencial por atacar al crimen organizado, el Grupo de Judicialización cambió de objetivos. Los cárteles y los narcotraficantes no serían su prioridad, sino políticos, funcionarios o empresarios. Sobre este segmento, empezó a enfocar sus esfuerzos para irles abriendo investigaciones y procesarlos. No todos los casos tenían sustento, pero la Unidad de Inteligencia Financiera, en los tiempos de Santiago Nieto, forzó varios casos y entregó documentación a la Fiscalía General, que muchas veces se topó con la imposibilidad de judicializarlos, lo que fue una eterna fuente de conflicto de Nieto con el fiscal, Alejandro Gertz Manero. Frente a esas experiencias, lo que empezó a hacer la Fiscalía, fue mostrar de manera extraoficial sus expedientes a los jueces, para que estos les hicieran observaciones para que los ajustaran y, de esa forma, al llegar a los juzgados, no se los rechazaran por mal integrados.
Este Grupo de Judicialización provocó tensiones hacia el interior del gobierno, y Scherer encontró obstáculos y enfrentó conflictos a su osada idea, con bloqueos en el Centro Nacional de Inteligencia contra cuando menos un funcionario de su confianza a quien le encargó la construcción de ese equipo. Pero nadie objetó su integración, pese a que estaba en los límites de la legalidad, por un lado, y le quitaba atribuciones a la Fiscalía General. Tampoco les importó borrar la línea de la separación de poderes, al integrar al Poder Judicial dentro de la estrategia del gobierno. Había una coincidencia -o complicidad- en el ataque y persecución de quienes el presidente considerara sus enemigos y sobre los cuales podía seguir fortaleciendo su discurso anticorrupción.
El Grupo de Judicialización es el secreto más secreto del gobierno, porque fue el instrumento para usar las leyes con fines políticos, sin importar que a veces fuera torcida para cumplir con los objetivos. La lógica no era tanto la aplicación de la ley y salvaguardar el Estado de Derecho, sino alinear todo detrás de los deseos del presidente y, al mismo tiempo, cuidar de que no trascendiera la falta de autonomía e independencia de la Fiscalía General y de la alta jerarquía en el Poder Judicial.
Pero tanto poder provocó envidias y choques. Hubo miembros originales del Grupo de Judicialización que cuando vieron el giro de las investigaciones del crimen organizado a políticos o empresarios, optaron por alejarse en todos los sentidos. Las fricciones entre dependencias se agudizaron, como sucedió entre la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera, y gradualmente se fueron incrementando los conflictos entre viejos aliados, como Gertz Manero y Scherer, quien fue el promotor del fiscal, al empezar a medir sus fuerzas, o guardar distancia por suspicacias sobre su integridad, marinos y soldados.
El diseño del Grupo de Judicialización no sirvió para enfrentar al crimen organizado, pero resultó muy útil para la persecución política. Detrás de él se ocultaron ambiciones políticas y abusos de poder, pero en la perversión llevaron la penitencia. Viejos aliados son ahora enemigos, y mantienen un enfrentamiento entre muros. Hay choques muy públicos, como los de Gertz Manero contra Scherer y Nieto, pero no son los únicos. Hay conflictos intramuros en el gobierno, pero también enfrentamientos entre poderes.
El Grupo quedó acéfalo, pero el daño infligido es profundo. Una externalidad de ese diseño es la falta de autonomía de la Fiscalía, reconocida implícitamente en estos días por el presidente al admitir que su exconsejero jurídico, no el fiscal, negociaba con imputados políticos y empresariales, acuerdos de reparación de daños, siguiendo sus instrucciones. Gertz Manero ha recogido lo que dejó a medias Scherer con los acuerdos de reparación, y se ha vuelto en su contra, otra expresión del deterioro no sólo de las leyes, sino del gobierno en general.
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