Si no fue una estrategia, las estrellas se alinearon con Omar Gómez Trejo para crear las condiciones de opinión pública que lo mostraban como un
David
enfrentando a los gigantes del gabinete que generara la idea de que su batalla interna era para evitar el encubrimiento de militares en el crimen de los normalistas de Ayotzinapa. Por ello, cuando se oficializó su renuncia este martes, Gómez Trejo, el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, quedó a la vista de muchos como un héroe y víctima del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tampoco quiere llegar a la verdad plena del crimen de Iguala. Sin embargo, el fiscal está muy lejos de ser un héroe.
Gómez Trejo es un manipulador. Lo fue como el hombre de confianza del subsecretario Alejandro Encinas, que encabeza la comisión presidencial del Caso Ayotzinapa, y lo es en su salida. Su renuncia se hizo pública el martes mediante trascendidos de prensa, aunque fue entregada desde la semana pasada, antes de que aparecieran las filtraciones de prensa del fin de semana de los chats de criminales de Guerreros Unidos que involucran a militares en el crimen contra los normalistas, y su carta de queja al juez que autorizó la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra militares. Muy conveniente para él la secuencia como se dieron las cosas, aunque no fuera la cronología exacta de cómo sucedieron las cosas.
Esta línea de tiempo colocó al gobierno contra la pared, y llovieron las críticas al presidente por proteger al Ejército, asumiendo a priori que cuando menos un general y tres subalternos que estuvieron en Iguala, son asesinos. La percepción es la que, aún en medio de sus contradicciones, tiene López Obrador: la verdad jurídica no importa, la ley tampoco; lo que importa es la justicia. La pregunta es ¿cuál es la justicia que sea justa? La que crean los familiares de los normalistas. O también, la que consideren en su entorno, en los medios, y en el ala dura del gobierno.
Pudieron haber sido los militares y, como sostiene Encinas, un “crimen de Estado” donde participaron decenas de funcionarios de los tres niveles de gobierno, pero hay que probarlo. Con Gómez Trejo, llegar a la verdad cualquiera que esta sea, por la vía de la investigación y las evidencias, no iba a ser posible. Nunca debió haber sido nombrado fiscal especial, porque su origen y procedencia establecían un conflicto de interés al haber sido secretario ejecutivo del GIEI, el Grupo de Expertas y Expertos Independientes Interdisciplinarios, cuya hipótesis es el crimen de Estado.
Su trabajo no garantizaba la imparcialidad en el análisis de los hechos, como encontró la periodista María Idalia Gómez en los expedientes para solicitar la orden de aprehensión y el auto de formal prisión contra los militares, en donde incluyó Gómez Trejo a Ulises Bernabé, como presunto responsable de la desaparición de los normalistas. Sin embargo, reportó Gómez, desde 2015, cuando él y el GIEI conocieron del caso del juez de barandilla la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, creyeron su acusación contra el Ejército a partir de las acusaciones de Bernabé contra militares del 27º Batallón de Infantería. Cinco años después, ya como fiscal especial, conoció el testimonio de un civil no involucrado en el caso, que por razones particulares acudió al ministerio público al día siguiente del crimen, y no sólo escuchó a Bernabé hablar de la violencia de la noche anterior, sino que un policía municipal presumía de por lo menos 17 normalistas que habían llevado al juzgado, donde el juez de barandilla los interrogó y después, ahí mismo, los asesinaron. El civil pudo ver varios cuerpos atrás de la barandilla.
Esas inconsistencias graves en su gestión se sumaron a, como señalan expertos, las responsabilidades penales y administrativas en las que incurrió Gómez Trejo al no haber subsanado los errores de las consignaciones de la autoridad judicial en el gobierno de Enrique Peña Nieto, “obteniendo y ofreciendo pruebas en carácter superviniente (que se suman a las ya entregadas) para evitar la liberación de decenas de procesados”.
La liberación de decenas de criminales en juzgados de Tamaulipas, acorde con el criterio del Tribunal Colegiado en Reynosa que determinó que sus declaraciones habían sido obtenidas mediante tortura, violando el debido proceso, ha sido criticado por López Obrador y Encinas, culpando al Poder Judicial de liberarlos. No voltearon a ver a Gómez Trejo, que como fiscal pudo obtener elementos probatorios contra los liberados para proceder penalmente en contra de quienes estaban ya en libertad -como el testigo “Juan”, Gildardo López Astudillo, quien imputa a los cuatro militares-, como a otros imputados por su pertenencia a Guerreros Unidos, una banda criminal involucrada en asesinatos, secuestros, extorsiones y narcotráfico.
Gómez Trejo, al ser omiso, consintió la liberación de los criminales de Guerreros Unidos, y convirtió a los asesinos intelectuales y materiales de los normalistas, en sus aliados al reconocerlos como testigos protegidos. La investigación sobre la cual Encinas preparó el informe sobre el caso, dado a conocer el 19 de agosto, tiene testimonios que se contradicen, como las declaraciones de “Juan” y otro (a) testigo (a) protegido (a), “Carla”, que difieren hasta en horarios en que ocurrieron los hechos.
El trabajo de Gómez Trejo provocó cuestionamientos generalizados al informe de Encinas, quien ahora, para mantener la credibilidad de la investigación, está obligado a mostrar las pruebas jurídicas para acusar a más de 80 personas y peritajes forenses claves, como sobre las pantallas de WhatsApp donde miembros de Guerreros Unidos mencionan a militares involucrados en el crimen, para demostrar que son reales y evite suspicacias, como, por ejemplo, el que existe por la diferencia de formato de los mensajes supuestamente escritos en 2014 frente a los de 2022.
Encinas debe dejar claro que sus acusaciones a oficiales y soldados no están orientadas por ideología o politización, como acusa su defensa, sino en un trabajo serio y responsable, que es lo que todos queremos.
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