Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador
estalló en contra del gobierno de Estados Unidos
y anunció que se haría una nota de protesta porque “salió una información de que… le va a dar más dinero a… organizaciones no gubernamentales” mexicanas que están en contra de “un gobierno legal, legítimo, de un gobierno democrático. Cómo es eso posible, reclamó airadamente el presidente, “¡financiando a opositores desde el extranjero. Eso es violatorio de nuestra soberanía; eso es intervencionismo!”. Anticipó un nuevo pleito a partir de lo que leyó en
Milenio
este lunes, y nadie se dio a la tarea de hurgar un poco en la información para que no se tirara en un tobogán hacia la pared mostrando su desconocimiento de los detalles.
Milenio publicó en su titular principal del lunes, “EU aumenta fondos a ONG consideradas ‘golpistas’ por la 4T”, y ayer identificó el presidente a tres de ellas, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa y Artículo 19, que hasta donde se sabe no recibe fondos del Departamento de Estado, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) que, en cambio, sí tiene programas de asistencia para las Fuerzas Armadas. El lunes López Obrador respondió a botepronto que el gobierno de Joe Biden estaba reciclando su injerencia con “fondos a grupos vendepatrias”, y el martes escaló su reclamo sin más datos que los aportados por el periódico.
El desinformado presidente se fue con el titular del diario, que apuntó que se habían gestionado 60 millones de dólares para el año fiscal de 2024 -que empieza en octubre- destinados a ONG’s capacitadas para ser resilientes al gobierno en turno. El
contempla, dentro del rubro que busca fortalecer la democracia, dos mil 600 millones de dólares para la sociedad civil y la prensa independiente, no sólo en México sino en el mundo. O sea, un dato general lo tomó literal, sin revisar los detalles. De haberlo hecho se hubiera puesto de peor humor, porque va al corazón de lo que dice ser, un demócrata, y lo pinta como lo que dice no ser, un autoritario.
La ayuda a las ONG’s se encuentra dentro del capítulo de “la lucha contra la corrupción trasnacional y la promoción de la democracia”, que subraya como objetivo de sus fondos “revigorizar la democracia, el respeto a los derechos humanos y la gobernanza, a fin de frenar la marea del retroceso democrático y el autoritarismo”, que es la forma como de manera más creciente se está percibiendo a López Obrador en el mundo. Y como en efecto en el pasado ha habido fondos, pocos, pero reales a la sociedad civil mexicana y a prensa independiente, lo que mantiene el Departamento de Estado, ergo, el gobierno de Biden, es que hay una regresión democrática en México impulsada por el presidente en turno.
Dentro del presupuesto de AID hay otros rubros que deben ser materia de preocupación en Palacio Nacional, como los 100 millones de dólares presupuestados para “intensificar nuestra lucha contra la corrupción”, mediante la
que lanzó Biden en junio de 2021 que pretende, entre otras metas, hacer cada vez más difícil que las actividades criminales que afectan la seguridad de Estados Unidos se arraiguen y expandan, impactando gobierno estables y socios de Estados Unidos. No hay una referencia directa a México, pero el contexto lo ubica como uno de los centros de atención de Washington.
La semana pasada, en una audiencia en el Subcomité de Apropiaciones (presupuesto) de la Cámara de Representantes, cuando le preguntaron a la administradora de la DEA, Ann Milgram, si tenía información que funcionarios del gobierno de López Obrador estaban ayudando a los cárteles de las drogas, respondió que “seguimos las evidencias a donde sea que nos lleven… estamos hablando de corrupción que estimula el tráfico de drogas, en México y globalmente”. La sorpresa es que para ejemplificar lo que han hecho, recordó la detención, extradición y juicio del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que hasta que terminó su mandato había sido considerado aliado de Washington.
Previamente, el diputado republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, miembro del Comité Selecto de Inteligencia del Comité de las Fuerzas Armadas, presentó una iniciativa de ley para extender a México el
Acta Global Magnitsky sobre Rendición de Cuentas
para combatir la corrupción y las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios mexicanos, a quienes se les aplicarían sanciones si existen evidencias creíbles de haber estado involucrado en actividades de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, tortura, terrorismo o violar las libertades, que son señalamientos que parafrasean casi en su totalidad las violaciones a las garantías individuales que señaló el Departamento de Estado, en su informe anual sobre derechos humanos, que se cometen en México.
Sin estar directamente vinculados, se nota claramente que desde distintos frentes están viendo con preocupación a López Obrador y a su gobierno. La voluntad política de seguir apoyando esfuerzos de la sociedad civil y prensa independiente en México, pese a las denuncias reiteradas del presidente, deja ver las alertas sobre la debilidad institucional en México, acentuada por la cruzada para desaparecer al Instituto Nacional para el Acceso a la Información y Transparencia, que en las democracias es considerado un instrumento para combatir la opacidad y la corrupción, los ataques sistemáticos a la Suprema Corte de Justicia y la colonización abierta, sin rumbos ni pudor, del legislativo, que controla el partido en el poder.
La ira de López Obrador va a continuar porque todavía no ha podido liquidar a las instituciones que se le atraviesan en sus tentaciones autoritarias. La prensa independiente, ha sido una roca en el zapato del presidente, mientras que el Poder Judicial, el otro pilar del Estado que ha resistido sus embates, lo sigue retando aplicando la ley, y mostrando que su inclinación por violarla, no será fácil. Ayer se adelantó el dictamen que rechazará una parte de su reforma electoral, y la instrucción judicial al Senado para que nombre los comisionados del INAI. O sea, a amarrarse los cinturones.
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