Una ácida disputa legal entre el ultraconservador gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la corporación Disney, ha puesto en el escrutinio público una situación extraordinaria que ha existido por más de medio siglo: la existencia de un estado privado dentro de un estado, Florida, donde la corporación Disney suplía al gobierno en una superficie de 100 kilómetros cuadrados en donde se encuentra Disney World. Pero igualmente muestra cómo un gobernante que no acepta críticas, respondió con represalias, generando un clima de polarización y, quizás, de daño económico para el estado.
Disney World es el corazón de la disputa entre DeSantis y
la Compañía Disney, que es
la mayor empresa de medios de comunicación y entretenimiento del mundo. Son dos poderes enfrentados desde hace más de un año, pero escaló la semana pasada al demandar de Disney al gobernador por haber tomado represalias por oponerse a su ley, conocida como “no digas gay”. El pleito, por lo que significa para la economía de Florida y para las elecciones presidenciales el próximo año, ha sido noticia de primera plana en los principales diarios de Estados Unidos en los últimos días.
Disney World es
en Florida y da trabajo a 75 mil personas, y paga mil 146 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales, más que el presupuesto de varios estados mexicanos. La derrama económica en el Reino Mágico, al que le atribuyen haber impulsado la modernización de Florida, genera 463 mil empleos adicionales. DeSantis, a su vez, es considerado el principal contendiente de Donald Trump para la candidatura presidencial en 2024, y su postura altamente ideologizada no necesariamente es rechazada.
Su acción contra Disney no es negativa per se, por la forma como los hermanos Walt y Ron Disney construyeron un estado dentro del estado, pero está manchada por su origen: la críticas de la empresa, presionada internamente por su sexualmente diversa plantilla de trabajadores, a la ley de Derechos de los Padres en la Educación, llamada popularmente como “no digas gay”, aprobada por el Senado de Florida en marzo del año pasado pese a las críticas por prohibir la instrucción sobre la orientación sexual e identidad de género en las primarias, apoyada por DeSantis, cuya agenda contra la comunidad LGTBQ son conocidas.
La respuesta fue brutal, para el Reino Mágico, cuya planeación en 1967 buscaba eliminar lo que había sucedido en el primer parque temático de la compañía, Disneylandia, en Anaheim, en los suburbios de Los Angeles, que fue un éxito inmediato, al crear un mundo ideal que encantó a niños y adultos. Pero afuera de sus muros, no sólo se instalaron hoteles y restaurantes, sino algunos giros negros, como la prostitución.
Walt Disney pensó no sólo en un parque de diversiones mucho más extenso que Disneylandia, sino en una Comunidad Prototipo Experimental del Mañana, conocida como EPCOT, que es el parque más visitado del Reino Mágico, y que originalmente iba a ser una ciudad llamada Ciudad Progreso, que se cristalizó en una zona residencial llamada
Celebración, con un cuidado en sus calles y jardines inmaculada, donde las propiedades se conectan con albercas, campos de golf y kilómetros de ciclopistas, donde se promueven “los valores para una comunidad que busca mantener estándares de primera clase y servicios que apelen a todo tipo de familias”. Celebración reproduce el
viejo sueño Americano tan impulsado, con objetivos ideológicos, en los cuentos de Walt Disney.
Para lograrlo, cabildeó con el Senado de Florida un sistema de autoregulación en su propiedad, donde los jardines juegan como límite para evitar que el Reino Mágico quede en medio de negocios que no era lo que soñaba Disney para incentivar las fugas de la realidad y el aspiracionismo. De esa forma, logró que se creara el
Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek
que le daba una autonomía casi plena dentro de sus fronteras.Esa ley le permitió a Disney asumir el papel de autoridad municipal sobre los dos condados en donde se encuentra Disney World donde la compañía, no la autoridad, fijaba la regulación de la tierra, los códigos de construcción, el control sobre el agua, su tratamiento y el drenaje, además del servicio de gas y electricidad, la construcción y el mantenimiento de los caminos y puentes, así como tenía su propio departamento de bomberos y de servicios médicos de emergencia. El Distrito de Reedy Creek también tenía sus propios funcionarios electos y sus agencias municipales.
Pese a que a lo largo de los lustros hubo críticas a este inusual modelo, el éxito turístico y la derrama económica opacó todos los cuestionamientos, hasta el año pasado, donde la intolerancia política e ideológica de DeSantis lo confrontó con la empresa y empezó a desmantelar lo que se conocía como “el Distrito”. En abril del año pasado, la legislatura de Florida abolió “El Distrito” y todos aquellos similares con tratamiento fiscal especial creados antes de noviembre de 1968, una dedicatoria clara contra la compañía Disney.
En su lugar creó el Distrito de Supervisión Turística del Centro de Florida, que en febrero pasado le dio al gobernador la autoridad para que fuera él quien designara a los miembros del Consejo de Supervisión, quitándole la facultad a los propietarios de casas y condominios dentro del Reino Mágico, que durante años lo hicieron mediante votaciones democráticas. La ley entrará en vigor en junio próximo, y es lo que está combatiendo la compañía Disney con la demanda que presentó la semana pasada.
¿Qué pasará con lo que conocemos como Disney World? Para un turista será difícilmente notorio lo que suceda. Seguirán funcionando sus cuatro parques temáticos, sus dos parques acuáticos, su complejo deportivo, sus dos ciudades y los hoteles con más de 40 mil cuartos y más de 300 restaurantes. Pero en las entrañas del conflicto se verá si por su impacto económico se permitirá que Disney continúe como gobierno en un pedazo de terreno bajo su control, o DeSantis, con una cruzada para que la autoridad reclame sus funciones legales, utiliza el muy visible enfrentamiento, para sus propósitos políticos.
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