La detención de Emma Coronel en el aeropuerto Dulles en los suburbios de Washington, motivó varias preguntas: ¿por qué hasta ahora la detienen, cuando la esposa de Joaquín
El Chapo
Guzmán se movió libre y fácilmente entre México y Estados Unidos en los últimos años? ¿obedeció a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido laxo en la lucha contra el crimen organizado, y particularmente generoso con el Cártel de Sinaloa? ¿influyó el contexto que el presidente le hizo la vida más difícil a la DEA y al FBI para trabajar en México? ¿por qué el Departamento de Justicia la acusó por un delito que no se cometió en territorio estadounidense y le adjudicó otro, conspiración, que no existe en las leyes mexicanas y por el cual no podía buscarse su extradición para ser juzgada aquí?
La Fiscalía estadounidense ha dejado claro que quiere encontrar los activos de Guzmán, que calcula en 12 mil millones de dólares, y quedarse con ellos. Curioso que sabiendo en Washington que esa suma que le acreditó la revista
Forbes
es fantasiosa, y que la fortuna se trata en realidad de activos del Cártel de Sinaloa, focalice en él todo el control del dinero y lo presione, dejando a su esposa en la cárcel sin derecho a fianza, con la amenaza de que sea sentenciada a 10 años de prisión, para buscar su cooperación.
Es un golpe para López Obrador, que encargó revisar las posibilidades para buscar la extradición de Guzmán, como parte del compromiso que hizo con su familia, aunque en una primera instancia el tiro del Departamento de Justicia impacta al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es notorio el giro en la dinámica de la relación bilateral en materia de seguridad, al cambiar Washington el enfoque, de buscar inútilmente elementos para sentar en el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn al expresidente Felipe Calderón, y sin haber podido armar tampoco, hasta ahora, un caso sólido en contra de su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, a voltear a ver al gobierno actual y al anterior.
El 21 de julio de 2015 se
en esta columna que la fuga de
El Chapo
Guzmán comenzó a planearse probablemente en abril de 2014, pocas semanas después de ingresar al penal de máxima seguridad del Altiplano, cuando ingenieros geólogos escogieron cuál cara de la cárcel tenía el subsuelo más adecuado para construir el túnel de la evasión. Sus personeros compraron en mayo varias propiedades en la zona, incluido el terreno donde construyeron la casa donde se abrió la boca del túnel. Pero el escape fue más que una obra de ingeniería, corrupción, y ruptura de los protocolos de seguridad. Una estrategia legal acompañó el desarrollo de la obra que al final le permitió su segunda fuga.
El Chapo Guzmán tenía un ejército de 14 abogados acreditados en el Altiplano, que le permitía tener acceso a ellos de manera permanente fuera de los horarios normales establecidos, o incluso los fines de semana. Había muchas razones para ello. Trabajaban los amparos para evitar su extradición a Estados Unidos, o buscaban quitarle acusaciones mediante alegatos de violaciones al debido proceso. Lo que ahora afirma el Departamento de Justicia es que la señora Coronel jugó un papel central en aquella fuga, como correo mediante el cual se intercambiaban información e instrucciones su esposo y sus hijos.
Guzmán se escapó de la prisión de El Altiplano el 11 de julio de 2015, y fue recapturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, donde fue a ver a Emma Coronel y a sus gemelas, por quienes tiene una predilección especial. Fue trasladado al Altiplano, hasta que el 7 de mayo fue enviado al penal federal en Ciudad Juárez. De acuerdo con la declaración jurada de Eric S. McGuire, el agente especial del FBI que llevó a cabo la investigación contra la señora Coronel, la familia de Guzmán quería que lo regresaran a El Altiplano, donde sería más fácil una nueva fuga.
La declaración jurada de McGuire tiene, sin embargo, un error fundamental. La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde el 16 de junio de 2016, un mes después de ser enviado al penal de Ciudad Juárez, señala en el artículo 50 que los traslados voluntarios de las personas privadas de su libertad, sólo podrán ser autorizadas por un Juez de Ejecución, una figura que fue creada en la reforma penal del gobierno de Felipe Calderón en 2008, para velar por los derechos de las personas en las prisiones. Por tanto, ningún funcionario en el sistema penal, o en cualquier otra área del Ejecutivo, tenía la facultad de realizar ese movimiento. Difícilmente el agente especial del FBI mintió, pero quien le dijo que se pagó para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación lo trasladaran al Altiplano, lo engañó.
La mira del Departamento de Justicia está enfocada en este momento en esos años del gobierno de Peña Nieto, pero la declaración jurada de McGuire abre otras vías que llevarán probablemente a sorpresas futuras. La más importante, porque concierne directamente al gobierno de López Obrador, tiene que ver con Ovidio Guzmán López, el hijo de
El Chapo
Guzmán a quien el presidente reconoció públicamente haber ordenado su liberación tras ser detenido en Culiacán el 17 de octubre de 2019, y quien aparece en el documento como uno de los corresponsables de los delitos por los que está en la cárcel Emma Coronel.
Las preguntas no tienen respuestas todavía, pero las habrá. Que no quepa duda.
Esta columna fue editada el 6 de febrero de 2021.
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